Ya son tres los arrestados y al menos otros 15 los imputados en relación con la redada efectuada en junio del mes pasado en las oficinas provinciales del Catastro, noticia que adelantó en exclusiva DIARIO DE AVISOS. Ahora, la Guardia Civil anuncia una nueva fase de la llamada Operación Perceval y confirma la detención del que se considera como un personaje clave de la trama que operaba desde fuera de la Administración así como la imputación a, al menos, una quincena de personas que supuestamente se beneficiaron, previo pago, de las inscripciones irregulares que suponen el meollo de todo este servicio.
La nota remitida desde el Instituto Armado detalla que estas nuevas actuaciones son fruto del análisis de la abundante documentación intervenida en los registros realizados en junio del pasado año, donde fueron detenidas dos personas, un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife y un antiguo trabajador de una notaría, y se imputó a otra persona, igualmente funcionaria del Catastro.
Tal y como informó este periódico entonces, la redada se inició desde primera hora de la jornada laboral de aquel 10 de junio, cuando varios guardias de paisano se identificaron ante los sorprendidos funcionarios del Catastro y procedieron a realizar su labor, que se centró en dos de los despachos de la Gerencia territorial. En todo momento, los investigadores contaron con la plena colaboración de la delegada de Economía y Hacienda en Santa Cruz de Tenerife, Sara Anguita, a su vez gerente del Catastro provincial. Los investigadores centraron su trabajo en un funcionario, al que ni siquiera dejaron llegar a su puesto de trabajo y que posteriormente fue arrestado, aunque también se tomó declaración a varios de sus compañeros.
En cuanto a la imputada, se trata de una responsable de zona a la que, en principio, se le envió de vuelta a casa, pero que luego fue llamada para que prestase declaración sobre el asunto y finalmente imputada en la causa.
Aquel día, los especialistas de la Guardia Civil se hicieron con numeroso material informático del que ahora, tras un concienzudo análisis, se ha procedido a identificar a los posibles beneficiados, de los que al menos 15 ya tienen constancia de su imputación por este caso.
Organización criminal
La Guardia Civil describe a los ahora detenidos como una “organización criminal” que “contaba con una clientela de profesionales relacionados con la gestión inmobiliaria y catastral, que acudían a ellos en busca tanto de una celeridad como de la viabilidad de gestiones, que la Gerencia del Catastro de Santa Cruz de Tenerife u otras administraciones con competencias en la materia no podían ofrecer, al realizar los trámites con sujeción al procedimiento administrativo, a la legislación reguladora de la materia y en defensa del interés general y de terceros afectados”.
El relato del modus operandi que el Instituto Armado continúa explicando que, gracias a las acciones ilícitas descritas, “gestiones que se podían dilatar en el tiempo durante meses y que habrían resultado gratuitas por el cauce ordinario, eran conseguidas en un solo día a cambio de una contraprestación económica y sin necesidad de aportar la documentación requerida por los cauces legales”.
A la espera de una calificación jurídica de los hechos, responsables de prensa de la Guardia Civil en Madrid detallaron a este periódico que, en principio, a los acusados se les acusa (en distinto grado de participación) de delitos de prevaricación administrativa y de falsedad de documento público. A este respecto hay que hacer una salvedad: como el delito de prevaricación administrativa solo puede ser cometido por un funcionario o autoridad, al detenido que no es funcionario solo se le achacará el delito de falsedad en documento público. Igualmente se deduce de aquellos beneficiados de la trama, ahora imputados.
La operación, dirigida inicialmente por el Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, recayó finalmente en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, cuya titular está dirigiendo las nuevas investigaciones, realizadas por el Grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y por la Unidad de Policía Judicial del mismo Cuerpo de Santa Cruz de Tenerife, contando con la estrecha colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Función
Tal y como lo describe en su página web la Dirección General del Catastro, se trata de un registro administrativo que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Contiene la descripción de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales, cuya inscripción en el mismo es obligatoria y gratuita, características que lo diferencian del Registro de la propiedad. Para ejercer sus competencias, lo hace directamente a través de su red de delegaciones o gracias a convenios con otras administraciones, generalmente ayuntamientos y, en el caso canario, cabildos.