Al fondo hay sitio

Escalada demencial en los aeropuertos

Es bastante posible que en España tengamos una propensión enfermiza a jugar con las cosas de comer. El país, y esencialmente Canarias, tienen en el turismo una excepcional fuente de riqueza. El transporte aéreo es no solo un servicio público de naturaleza estratégica. En Canarias es además la única vía rápida de conexión con la Península. Pues bien: a pesar del contexto, los aeropuertos parecen predestinados a convertirse en escenario de una escalada de conflictividad entre una de las piezas claves para la seguridad aérea, el colectivo de los controladores, y el gestor de navegación aérea en España, Enaire.

Los controladores no lo tienen fácil para defender públicamente sus posiciones en un país donde, con independencia de la importancia de la tarea que uno desarrolle e incluso cuando es esencial para proteger la seguridad de las personas, ganar un sueldo elevado te convierte directamente en carne de cañón a los efectos de la crítica, ya sea fundada o completamente descerebrada. Es un efecto óptico que se agiganta si se mira el mundo a través de los ojos de las aerolíneas: pocas veces las escucharás reclamar a la administración pública un verdadero compromiso por la cultura de la seguridad, menos aún en aquellas que introducen las rebajas temerarias en sus gastos de personal (pilotos) o combustible como un factor más de progresión al alza de sus cuentas de resultados. Rara vez dirán ni pío sobre la lentitud paquidérmica o la desesperante indolencia con que se manejan órganos como la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC). Pero en cambio, hay que ver con qué facilidad se precipitan a descalificar las protestas de los controladores aéreos, sean franceses, españoles o italianos, independientemente de sus verdaderas causas, con el simplismo de que son solo selectos grupos de privilegiados entregados a la defensa autista y sectaria de sus intereses gremiales.

Este fin de semana, los centros de control aéreo son escenario de dos nuevas tandas de paros de los controladores aéreos en demanda de la readmisión de un profesional despedido en Santiago y las sanciones (un mes de suspensión de empleo y sueldo) impuestas a otros 61 de Barcelona como resaca de los graves conflictos del puente de la Constitución de 2010. Ni casi cinco años transcurridos ni el archivo judicial de una veintena de causas contra los controladores por el supuesto abandono de sus puestos han sido suficientes para resolver este viejo conflicto. Hasta tal punto que, en unos de esos surrealistas espectáculos tan propiamente españoles, el contencioso no sólo no tiene visos de solución alguna, sino que va peligrosamente encaminado hacia una escalada demencial en un país que vive del transporte aéreo y del turismo y algunas de cuyas comunidades, caso de Canarias, dependen esencial y absolutamente de sus aeropuertos.

Los fracasos negociadores se suceden uno tras otro, en parte por la arrogancia de una Administración que, con una mano finge un ataque de buenismo y de disposición al diálogo, y con la otra redacta comunicados en los que, incluso antes de sentarse a negociar, ya da por hecho que no piensa moverse del sitio y que, contra la virtud de pedir del sindicato de los controladores, está el rodillo de los servicios mínimos, que en la práctica sepultan bajo la total invisibilidad el derecho constitucional a la huelga de todo colectivo profesional. El Ministerio de Fomento no llega al histrionismo de la compañía Ryanair y su estrafalaria iniciativa de recoger firmas entre los ciudadanos europeos para prohibir manu militari a los controladores el derecho a ponerse en huelga. Pero en la práctica, es lo que hace, al establecer servicios mínimos que en algunos casos equivalen al cien por ciento de las plantillas programadas.

Mientras todo esto sucede, lo que no hace Enaire es dar una explicación mínimamente razonable a algunas de las mentiras oficiales sobre las que se gestó en diciembre de 2010 el conflicto brutal de los controladores. Para empezar, por qué ocultó a la opinión pública que, contra lo que aseguraba Fomento en sus notas de prensa, sí que era verdad, como advertían los controladores, que en algunos centros de control se estaba a punto de superar el máximo anual de horas aeronáuticas permitidas. Y por qué ocultó también el rechazo frontal de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a autorizar a Navegación Aérea un aumento del cupo de horas, con el muy elocuente argumento de que el aumento hubiese sido admisible por causas operativas sobrevenidas, pero no por una mala gestión de los recursos humanos. Con esa certeza documentada en la mano, ¿cómo es posible que Fomento y Enaire no busquen una solución negociada que pase esta página y acabe de una vez con aquel viejo conflicto que tan caro pagaron decenas de miles de ciudadanos? ¿No puede? ¿O será más bien que los mismos que tuvieron mucho que ver con el conflicto de 2010 siguen enquistados en el Ministerio de Fomento, predicando arrogancia en lugar de buscando soluciones?

Son tiempos difíciles donde está más justificado que nunca sentarse en las mesas, parar los relojes y no levantarse sin encontrar solución a los conflictos. Lo que es sencillamente inadmisible es convertir los aeropuertos en un campo de batalla, ahora, justo cuando al fin empezaban a florecer los brotes verdes de la recuperación.

@teresacardenes