El Gobierno de Canarias ha comunicado al Ayuntamiento de Santa Cruz la apertura de un expediente para modificar la autorización concedida en 2005, que permite que la Empresa Mixta de Aguas del municipio (Emmasa) vierta al mar, en la zona de La Hondura, una media de 20.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, previo tratamiento en la estación de bombeo de Cabo Llanos. La Viceconsejería de Medio Ambiente considera que Emmasa ha incumplido varios de los aspectos recogidos en la autorización, desde verter más agua de la permitida, hasta el deficiente tratamiento previo de los residuos, pasando por la afectación de las aguas de baño de la zona. La autorización permitía verter aquellas aguas que no podían ser bombeadas a la Estación Depuradora (EDAR) de Buenas Aires, un bombeo que en la práctica, según confirma la propia Emmasa, no se produce por la falta de capacidad de la depuradora, lo que ha llevado a verter al mar todas las aguas residuales de la parte baja de Santa Cruz. De revocarse este permiso, Emmasa tendría que depurar todas las aguas residuales que llegan a Cabo Llanos en la EDAR de Buenos Aires, lo que impediría, según confirmó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, que la depuradora tratara las aguas de El Rosario y La Laguna.
La apertura de este expediente fue dada a conocer ayer por Sí se puede tras tener acceso a los informes elaborados por los técnicos de Servicios Públicos a raíz de la comunicación del Ejecutivo regional. Según el edil Pedro Fernández Arcila, los informe cuestionan, por un lado, las medidas que se han tomado para evitar el vertido en los últimos cuatro años y, por otro, que la falta de capacidad de la depuradora, motivo que alega Emmasa para no tratar las aguas que llegan a Cabo Llanos, sea tan limitada.
“Los técnicos ponen contra las cuerdas al gobierno de Bermúdez, hasta el punto de que si no hace nada, la situación procesal se puede complicar mucho en el ámbito penal”, afirmó Arcila, quien recordó que hay un proceso penal abierto desde 2008 por estos vertidos, actualmente en fase de instrucción, y al que que Sí se puede ha decidido sumarse ante el contenido expuesto en los informes.
El expediente abierto por la Viceconsejería de Medio Ambiente puede quedar en supenso si el Ayuntamiento elabora un plan de actuación, a ejecutar en tres años, para corregir las deficiencias que obligan a verter directamente al mar las aguas residuales. Este plan ha de ser redactado de inmediato y debe contar con ficha financiera. Los técnicos municipales ya han realizado sus sugerencias, llegando incluso a tachar de “desleal” a Emmasa por haber presentado por su cuenta las alegaciones al expediente.
Según los informes que mostró Sí se puede, el principal inconveniente para la elaboración de este plan, es buscar la financiación de las obras necesarias, que pasan por la ampliación de la estación de Cabo Llanos y por la de la depuradora de Buenos Aires. Es más, la Viceconsejería de Medio Ambiente señala que en el último caso no admite que se condicionen las actuaciones a la financiación estatal, ya comprometida, advirtiendo de que el plan de etapas se tiene que hacer independientemente de este compromiso, que según los técnicos, tras consultar al Estado, podría demorarse entre tres y cuatro años. De esta forma en los informes de Servicios Públicos se establece que hay distintas formas para financiar el citado plan de etapas. La principal pasa porque la asuma Sacyr Vallehermoso, como parte del compromiso de inversión que figura en el pliego de condiciones que le dio la gestión del agua.
Otra forma es que los municipios que depuran sus aguas residuales en Santa Cruz, La Laguna y El Rosario, aporten parte de la financiación en función del volumen de agua depurada. Hay otra propuesta que es la que sugirió el Gobierno de Canarias (con el apoyo de Emmasa) y es que ese plan de actuación sea financiado por el Ayuntamiento con aportaciones anuales.
Ampliación
Entre los centenares de páginas que conforman los informes llama la atención que los técnicos pongan en duda la falta de capacidad de la EDAR de Buenos Aires para depurar las aguas que llegan a Cabo Llanos, tal y como alega Emmasa. Proponen que se haga una auditoría externa puesto que, según algunos informes a los que han tenido acceso, es posible que la depuradora tenga mayor capacidad. Fijan en hasta 40.000 metros cúbicos al día, frente a los 23.000 que dice la empresa gestora, la capacidad de depuración. Incluso otro informe hablaría de tres líneas de depuración, de 30.000 metros cúbicos cada una, que elevaría a 90.000 esa capacidad.
Sanciones
La constatación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente de los incumplimientos de Emmasa en el ámbito de la depuración ha llevado a que informen a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), entidad que ha procedido a la apertura de un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Santa Cruz. Este último ha sido a su vez suspendido tras conocer la Agencia el proceso penal abierto por esta causa y en el que están imputados el actual concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y el exedil Norberto Plasencia.
También se señala en los informes municipales que la Unión Europea (UE) ha procedido a abrir otro expediente sancionador, en este caso a España, por el mismo motivo, tras confirmar el propio Gobierno central, en respuesta a una pregunta de la UE, que se está incumplimiento la ley europea en materia de medio ambiente en Santa Cruz.
[sws_grey_box box_size=”100″]El Ayuntamiento recurrirá al juzgado
Ante la contundencia de los informes elaborados por los técnicos de Servicios Públicos, el concejal del área, Dámaso Arteaga, mantenía ayer que el expediente abierto por el Gobierno de Canarias aún está en fase de alegaciones: “Emmasa ya ha presentado las correspondientes alegaciones, que el Ayuntamiento hace suyas, y estamos a la espera de conocer la respuesta a las mismas”. De no ser atendidas y revocarse la actual autorización, Arteaga avanza que el Consistorio recurrirá al juzgado y presentará un contencioso administrativo. Más allá de este trámite, el edil quiso llamar la atención sobre las consecuencias de revocar la autorización a Emmasa, puesto que “el daño medioambiental va a ser mayor que el que está provocando el actual vertido, que se disuelve en el mar en el 98%, ya que la depuradora tendría que dejar de aceptar las aguas residuales de La Laguna y El Rosario”.
Arteaga aseguró que ya se trabaja conjuntamente con Emmasa en la elaboración del plan de etapas pedido por la Viceconsejería de Medio Ambiente e insistió en que la solución definitiva pasa por la ampliación de la depuradora, “que tiene que asumir el Estado”. El edil aseguró que el Gobierno de Canarias no puede obligar al Ayuntamiento a financiar una infraestructura que no es municipal.
Arteaga reconoció que se han tenido “dificultades” para cumplir con las condiciones expuestas en la autorización concedida en 2005, negando incumplimientos o que se hayan producido más vertidos de los autorizados por el Gobierno de Canarias.[/sws_grey_box]