Todavía con las urnas frescas y con las últimas corporaciones locales constituyéndose el debate sobre el sistema electoral canario vuelve una vez más a la primera página de la agenda política. En las últimas elecciones autonómicas la tercera fuerza en votos fue la primera en escaños, la primera en votos las segunda, y la segunda en votos la tercera en escaños. Por otro lado fuerzas políticas como Ciudadanos con 53.981 votos se ha quedado sin representación parlamentaria. Otras como Agrupación Socialista Gomera con algo más de 5.000 votos obtuvo tres diputados en la cámara regional. A partir de ahí el debate está abierto y lo que parece algo casi imposible en Canarias, práctica unanimidad sobre la necesidad de reformar el sistema electoral. Si a día de hoy las islas no tienen un sistema electoral más justo sin duda la responsabilidad política debemos buscarla básicamente en la fuerza política que más se ha beneficiado de la actual fórmula y desde luego si una fuerza política ha mantenido firme su discurso sobre la necesidad de esa reforma a lo largo de más de treinta años y varias legislaturas esa hemos sido los socialistas de Canarias. Por eso, el PSOE de las islas debe hacer un esfuerzo por no quedarse ahora fuera de un debate que ha traspasado las viejas paredes del Parlamento y las tertulias políticas para situarse en la calle y que ahora encuentra otros interlocutores políticos con los que los socialistas debemos tejer puntos de encuentros. En estos casos parece obligado hacer algo de memoria y recordar que en el año 1996 fueron Partido Popular y Coalición Canaria quienes en las Cortes Generales acordaron subir los topes insulares para obtener representación al 30% y los insulares al 6%, y que en el años 2007 fue Coalición Canaria quien frustró una modificación de la ley electoral canaria que viajó a Madrid para su aprobación. Pero es importante recordar también que tuvo que producirse un gobierno con representación socialista a partir del año 2011 para que se aprobara una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía canario y remitida a las Cortes incluye bajar a la mitad las referidas barreras, y prevé que al menos 10 diputados puedan ser votados en toda Canarias, permitiendo así que el criterio de población tenga más peso. Por eso la pelota de la reforma electoral lleva tiempo en el tejado del Gobierno del PP en Madrid al que le bastaría con aprobar este Estatuto y con él la nueva reforma electoral. Y tiempo ha tenido más que suficiente, por lo que resulta curioso ver a los populares canarios sumándose a la reivindicación de la reforma electoral cuando lo cierto es que si no se ha producido ahora es exclusivamente por el bloqueo que han propiciado en Madrid. Pero es cierto que debe haber un plan B para el caso más que previsible de que el Estatuto no se apruebe en esta legislatura nacional que toca a su fin, y que los socialistas llevábamos en nuestro programa electoral la reforma educción significativa de las barreras electorales, en concreto, al 15% insular y el 3 % autonómico así como una modificación de la mayoría requerida para aprobar Ley Electoral autonómica, fijándola en 3/5 de los diputados frente a los 2/3 actuales, con un número de diputados no inferior a sesenta ni superior a setenta y seis. Por ello, ante esta legislatura que ha cambiado el juego de fuerzas parlamentarias y donde los socialistas podemos encontrar nuevos aliados para sacar adelante nuestra reforma es impostergable producirla, sea o no vinculada al Estatuto de Autonomía, es una oportunidad histórica que no debemos dejar pasar y que este tiempo de “nueva política” sea también el de nuevas reglas del juego más cercanas a lo que la ciudadanía ya ha hecho como una reivindicación propia.