José Pérez Ventura: “El origen de Las Teresitas es una posible corrupción judicial”

Ventura es abogado de Justicia y Sociedad, una de la acusación particulares en el conocido como el caso Las Teresitas. / SERGIO MÉNDEZ
Ventura es abogado de Justicia y Sociedad, una de la acusación particulares en el conocido como el caso Las Teresitas. / SERGIO MÉNDEZ

Se van a cumplir casi diez años y aún no hay fecha para el juicio oral, aunque podría fijarse para el primer trimestre de 2016 si a lo largo de este mes el juzgado remite a las acusaciones particulares el proceso abreviado para que incluyan en sus escritos de acusación al exalcalde Miguel Zerolo. José Pérez Ventura es abogado de Justicia y Sociedad, una de la acusación particulares en el conocido como el caso Las Teresitas, que se sigue contra una quincena de acusados por el sobreprecio pagado en la compraventa del frente de playa de Las Teresitas. La semana pasada se conocía que el Ayuntamiento de Santa Cruz pedía a Inversiones Las Teresitas (ILT) la devolución de 82 millones, con lo que admitía que estaba de acuerdo con el relato de las acusaciones.

-¿En qué momento procesal se encuentra el caso?
“Estamos en la fase en la que la instrucción se ha cerrado y estamos formulando los escritos de acusación. Una vez que las defensas presenten sus alegaciones, se remitirá todo a la Audiencia Provincial para fijar juicio oral”.

-Antes habrá que unir la causa de Miguel Zerolo…
“La parte del procedimiento que correspondía a Miguel Zerolo ya ha sido remitido al juzgado de Santa Cruz, con lo que la jueza tendrá que ampliar el auto de enero de este año para incluir en el relato de hechos aquello que tenga una carga incriminatoria respecto a Miguel Zerolo”.

-¿Y todo eso cuánto tiempo puede llevar para fijar una fecha?
“Si se nos da traslado en julio para ampliar el escrito de acusación, quizá a principios de septiembre podría abrirse juicio oral, dar plazo a las defensas para que formulen sus escritos y remitir todo a la Audiencia. Una estimación razonable sería el primer trimestre de 2016”.

-¿Van a pedir lo mismo para Zerolo que para el resto?
“Sí. Diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por la prevaricación administrativa, y ocho años de prisión con inhabilitación absoluta por 20 años por el delito de malversación”.

-En estos casi 10 años de caso, ¿hay algo qué le haya sorprendido?
“El sobreseimiento del delito de cohecho. Creemos que existían indicios suficientes para proceder y en noviembre de 2011 la magistrada instructora, Carla Bellini, a instancias de la Fiscalía, dicta varios autos de sobreseimiento”.

-¿Cuáles?
“En el caso de Zerolo, por ejemplo, a través de la investigación patrimonial, quedó de manifiesto que durante más de un año y medio vivió con un alto nivel de vida, según la policía, sin disponer de un solo céntimo en las cuentas corrientes en las que estaba domiciliada su nómina como alcalde y sus ingresos
declarados”.

-¿Algo más que le sorprendiera?
“Que la magistrada instructora, en una práctica, absolutamente atípica, levantara el secreto de las actuaciones para cada uno de los imputados antes que para las acusaciones populares cuando el sentido del secreto es que los que están siendo investigados no puedan interferir en la investigación. A esto se suma la obsesión de algunos de que no se publicara nada en los medios de comunicación”.

-Pero sí que se acabó publicando…
“Hubo un momento inicial muy curioso en diciembre de 2006 cuando se presenta la querella en el que nos dábamos cuenta de que los medios no publicaban nada. A través de algunos periodistas nos enteramos de que habían recibido amenazas de que si publicaban que Zerolo estaba imputado ejercerían acciones legales contra ellos. Eso muestra el nivel de control ejercido en un determinado momento en relación a los medios de comunicación”.

-¿Cree que hoy sería posible ejercer ese tipo de control?
“Sería mucho más difícil. El desarrollo de las redes sociales y la posibilidad de generar vías de información alternativas al margen de los medios más clásicos, habría dificultado muchísimo el desarrollo de esta operación”.

-Conociendo como conoce el sumario, ¿cómo fue posible gestar un caso de esta magnitud?
“Hay un momento inicial en el que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia compran a la Junta de Compensación las parcelas en el 98. En el escrito de acusación sostenemos la tesis de que, algún alto funcionario, del Supremo o personal de justicia filtra la sentencia al entorno de los empresarios que validaba el Plan Parcial de Las Teresitas”.

-Un fallo que revalorizó los terrenos del frente de playa…
“Así es. En la sentencia se dice que el tribunal deliberó el 17 de junio. Un día antes, sin todavía constituirse ILT, firma un documento comprometiéndose con la Junta de Compensación a comprar las parcelas por 5.600 millones de pesetas. Nadie se arriesga a comprar algo sometido a las incertidumbres de un juzgado por ese precio sin que exista información previa. Desde nuestro punto de vista, en el origen de la compra en el año 98, hay una posible corrupción judicial”.

-Después de eso, se produjo la famosa compraventa….
“Hay dos momentos en el pelotazo. Uno en la rapidez para conseguir el crédito. Y otro, en 2001, cuando Ayuntamiento y empresarios llegan al acuerdo de propuesta marco de compensar con aprovechamientos urbanísticos que no se urbanizara el frente de playa, una premisa correcta”.

-¿Y que pasó?
“Lo delictivo viene cuando tras adoptar el acuerdo, los empresarios hacen números y se dan cuenta de que esa propuesta no les permitía materializar los aprovechamientos de forma rápida y obtener liquidez para hacer frente al pago del préstamo. Presionan y persuaden a Zerolo y al resto de acusados, para, en vez de hacer compensación y adquirir a coste cero las parcelas, se opte por la compraventa pagando un precio por encima del fijado por la técnica municipal Pía Oramas”.

-Esta semana se conocía que el Ayuntamiento apoya, por primera vez, el relato de los hechos que acaba de narrar. ¿Le sorprende?
“Más vale tarde que nunca. El Ayuntamiento ha estado ausente, siendo el gran perjudicado en este asunto. No solo ha estado de espaldas al procedimiento sino incluso haciendo actuaciones para intentar justificar o dar cobertura a lo que se hizo. Esperamos que no vuelva sobre sus pasos y a la actitud anterior de estar de espalda a este procedimiento”.