SOCIEDAD

La jueza pregunta a Padrón y García si seguían órdenes de Rivero

El periodista Guillermo García, ex responsable de la Tele Canaria, a su llegada a los juzgados. / EP
El periodista Guillermo García, ex responsable de la Tele Canaria, a su llegada a los juzgados. / EP

Las repetidas preguntas sobre una posible relación del expresidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, con determinada contratación de la televisión pública autonómica fueron lo más llamativo de las intensas y prolongadas sesiones declaratorias protagonizadas ayer por dos de los dos imputados por la llamado Operación Gloria, los periodistas Francisco Padrón y Guillermo García, quienes negaron esta conexión política como cualquier otra de las acusaciones sobre el tema.

Padrón y García estuvieron declarando en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife durante buena parte del día de ayer. Ninguno de los dos se negó a responder cuestión alguna de cualquiera de las partes presentadas, lo que siempre habla a favor del imputado. Padrón entró primero y su testimonio se prolongó desde las diez y media de la mañana hasta minutos después de la una del mediodía. Por su parte, García fue llamado a la una y media y abandonó la sede judicial minutos después de las cinco de la tarde.

Además de las preguntas sobre Rivero, inesperado e involuntario protagonista del día de ayer, Padrón y García no solo tuvieron que responder sobre los contratos entre la productora del primero (Amanecer Latino) con el ente público canario durante la etapa del segundo, sino también sobre los contratos de la Tele Canaria con otras dos productoras: Audiovisual Siete Mares y Doble Diez Comunicación.

Con respecto al primer caso, el abogado José Pérez Ventura, que ejerce una acusación particular en nombre de Izquierda Unida, expuso a los periodistas que tanto Padrón como García detallaron que cada programa que suministraba Amanecer Latino se pagaba a poco más de 6.000 euros. Hay que tener en cuenta que estos pagos fueron destinados a saldar la deuda que tenía la productora en cuestión con la Seguridad Social.

La acusación particular clama por la falta de controles previos a los contratos

Pérez Ventura criticó que estos contratos se realizaran sin control previo alguno, entre los que citó como convenientes un estudio económico, una oferta por escrito o al menos un informe que justificara los precios pagados por cada programa. A este respecto cabe apuntar que García declaró que se contrató con Amanecer Latino de idéntica forma que con otras productoras. Por su parte, el abogado de Padrón, Ángel Isidro Guimerá, aseguró con anterioridad ante los periodistas que en la llamada Operación Gloria “no hay delito ni nada”.

Guimerá detalló que la “conclusión única” de la jornada de ayer es que “no hay ni ha existido el más mínimo indicio de conducta criminal, ni ningún tipo de delito, y mucho menos malversación de caudales públicos”. En opinión de este letrado, todo ha quedado “perfectamente claro”, y por ello va a solicitar el sobreseimiento, ya que “no tiene sentido” que su cliente, al que se investiga por el cobro de más de 1,6 millones por la realización de más de 200 programas, esté imputado, tal y como recoge Europa Press.

Guimerá criticó que el caso se iniciara con una denuncia anónima “llena de inexactitudes, imprecisiones y falsedades” y lamentó las “miles de horas perdidas” de la policía interrogando a personas que fueron entrevistadas cuando “lo fácil hubiera sido visionar cada uno de los programas” y “no hacía falta citarlos en comisaría”.

La defensa de Padrón sostiene que no hay caso y que todo es una pérdida de tiempo

Por último queda recordar que tras la investigación policial conocida como Operación Gloria Padrón está imputado por presunta malversación de fondos y tráfico de influencias, mientras que García también lo está además por presunta prevaricación administrativa.

Todo el caso se origina en una supuesta denuncia anónima que se produce paralela en el tiempo con las denuncias públicas efectuadas por la diputada del Partido Popular Águeda Montelongo, a su vez imputada por similares delitos en el llamado caso Patronato, que versa sobre el supuesto pago de vacaciones a políticos peninsulares de su partido con fondos del Cabildo de Fuerteventura. Posteriormente, la denuncia anónima y la de Montelongo han terminado por unirse en el proceso actual.