El ministro Cristóbal Montoro ha sido, desde que llegó al Ministerio de Hacienda, la bestia negra del Gobierno de Rajoy, el personaje llamado a recaudar sin piedad, vía impuestos, y meter en cintura a las comunidades autónomas para que contengan el gasto público y no se desvíen de los objetivos de déficit marcados por el Ejecutivo a instancias de la Unión Europea, el FMI y otros organismos internacionales. El problema no es la bondad de esa meta económica, pese a los problemas suscitados por un exceso de austeridad, sino el talante personal del ministro jiennense, sus modos y maneras, la actitud innecesariamente autosuficiente, ofensiva y altanera con que se comporta. Todavía recuerdo su chulesca expresión de “¿cuánto dinero hemos inyectado en Canarias?” con la que se refirió a las solicitudes que llegaban al Congreso de losDiputados procedentes de las Islas. ¿Cómo no van a llegar si los recortes sobrepasan todo lo razonable? No menos de 800 millones de euros al año viene dejando de percibir Canarias en comparación con los tiempos anteriores a la crisis. De acuerdo con que las austeridades y apreturas de cinturón son para todos; pero, proporcionalmente, al Archipiélago se le exige más que a las restantes comunidades. Y pese a estar peor financiado que nadie, se le suprimen convenios y acuerdos anuales, con lo que la asfixia económica alcanza ya proporciones inimaginables aun cuando ningún Gobierno estatal ha cumplido nunca el mandato del REF para invertir en Canarias al menos lo mismo que la media estatal. Bueno, pues con esa rémora tan demoledora, Montoro acaba de anunciar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para 2016 otro nuevo recorte a Canarias de 160 millones de euros en sus ingresos, con un déficit público que no debe superar el 0,3% cuando el Estado se reserva para sí nada menos que el 2,5%. Unas cifras “arbitrarias y desproporcionadas”, según reconoció González Ortiz en su última presencia pública como consejero de Hacienda del ya relevado Ejecutivo autonómico. Me parece muy bien que se procure el saneamiento de las haciendas públicas, pero con mesura, en proporción a las posibilidades de cada cual y premiando siempre al más ahorrador y eficiente -como Canarias-, no igualando a todos cumplan o no los objetivos estipulados.