Análisis

Nuevo desafío del separatismo catalán

A pesar de las severas y reiteradas advertencias del jefe del Estado y el presidente del Gobierno; a pesar de lo dispuesto por la Constitución; a pesar de los antecedentes y las resoluciones de los tribunales de Justicia y de la doctrina jurídica que emana del Derecho Internacional; a pesar de las querellas criminales pendientes de sustanciación (que incluyen los delitos de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones); en contra del sentido común y de la opinión mayoritaria del pueblo de Cataluña reflejada en las encuestas y las urnas, el presidente de la Generalitat, y con él todo el entramado soberanista de instituciones, grupos, partidos y asociaciones impulsado desde las propias filas del Gobierno autonómico, sigue dando pasos hacia la declaración unilateral de independencia del Principado en vía parlamentaria.

Amparados en un inexistente derecho a decidir o de autodeterminación que ningún precepto jurídico o de ámbito constitucional reconoce -ni siquiera la doctrina que emana de Naciones Unidas, que circunscribe tal derecho a los casos de dominación colonial, racial o extranjera-, y saltándose la norma fundamental del Estado de Derecho, que es el imperio de la ley, los independentistas catalanes plantean un desafío en toda regla que, de seguir adelante, sólo puede acabar con una dolorosa e inevitable sentencia de los tribunales de Justicia y la plena aplicación de la ley.

PASOTISMO INSTITUCIONAL
Las elecciones autonómicas que el presidente Mas ha anunciado para el 27 de septiembre se pretende, contra toda lógica, que tengan carácter plebiscitario en ese irreductible camino hacia ninguna parte en que se han embarcado los dirigentes de CDC, ERC, CUP y grupos afines. Empezaron por inventarse la historia de un pasado imaginario -jamás Cataluña fue independiente, como Escocia, sino un condado sometido al Imperio Carolingio, los reyes franceses y la Corona de Aragón- que reescriben a su antojo; siguieron, durante el proceso de desarrollo autonómico, afianzando sucesivas cotas de poder y arrinconamiento de las esencias españolas que unen al país ante la pasividad y falta de coraje de los sucesivos gobiernos centrales; llegaron a celebrar un remedo de referéndum pese a que estaba expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional, y ahora amenazan con un nuevo retorcimiento de la ley para, en su delirio soberanista, dar a las elecciones de septiembre el carácter que no tienen.

Hay que ser muy cínicos, fanáticos y divisionistas para seguir adelante con un proyecto que no tiene futuro. Ningún Gobierno democrático serio toleraría la provocación sistemática de la Generalitat, que encima se envalentona ante un Rajoy imperturbable, timorato, indolente y pachorrón, incapaz como sus predecesores -de Zapatero a Suárez, pasando por Calvo Sotelo, Aznar y González- de aplicar la ley con la oportunidad y proporción que las circunstancias aconsejen. ¡Si hasta las sentencias del Supremo y el Constitucional se las viene pasando la Generalitat por el arco de triunfo y encima presume de ello…!

¿Qué clase de gobiernos y de altas instituciones del Estado, incluidos los dos grandes partidos y los tribunales de Justicia, tenemos que, con su actitud de mirar hacia otro lado, han dado alas al independentismo radical y de tinte totalitario y excluyente? ¿Cómo es posible que durante 35 años estas formaciones independentistas pudieron poner en marcha un camino sin retorno y en la práctica se han ido adueñando de Cataluña a base de victimismos infundados, propaganda contra el poder central, bravatas, enfrentamientos y colaboraciones presentadas como leales pero que en realidad eran falsarias y sirvieron para ganar competencias y cotas de poder y consolidar situaciones políticas irreversibles?

Veamos: En el simulacro de referéndum del 9-N votaron 2,2 de los 6,4 millones de potenciales electores y de ellos tan sólo 1,8 millones se pronunciaron en favor de la independencia: el 28% aproximadamente. No se trata por tanto de una mayoría -así lo reflejan también las últimas encuestas de la propia Generalitat-, sino de una minoría. Importante y respetable, desde luego, porque no se puede criminalizar a nadie por sus ideas, pero cuyos dirigentes no parecen dispuestos a acatar las garantías jurídicas del Estado de Derecho que los propios catalanes votaron. La Constitución, como todas las que existen en el mundo democrático, prohíbe el desmembramiento del país; pero no impide la modificación de la norma para lograr por medios legales lo que ahora se pretende por vías de hecho.

AGITACIÓN Y COMPLICIDADES
Como digo, un número importante de residentes en Cataluña son independentistas, soberanistas o nacionalistas, como se prefiera. Tienen un acusado sentido de pertenencia y de conciencia nacional en torno al cual se ha elaborado un contenido doctrinal y un discurso divisor que mezcla historia y leyenda, mitos y realidades. En el centro del argumentario se ha situado durante decenios ese falso “España nos roba”, como han acreditado estadísticas de esta misma semana -Madrid aporta al Estado 19.015 millones de euros más de los que recibe, un saldo fiscal negativo que es 2,5 veces superior al de Cataluña, con 7.439 millones de euros-. Más recientemente, han iniciado un proceso de agitación social y política que -con una fuerte carga emocional utilizada desde presupuestos de marketing político y económico muy elaborado- no duda en enfrentarse abiertamente al Estado. Un Estado que da la sensación de estar ausente, pero también acomplejado, ante Cataluña, cuando precisamente en estos tiempos de crisis más ha ayudado al Principado a resolver sus gravísimos problemas económicos de los que es fiel reflejo -por mala gestión y una corrupción gigantesca propiciada desde las instituciones catalanas- una deuda pública que sobrepasa los 55.000 millones de euros. Unos políticos mediocres tratan de imponer la independencia como si se tratara de la panacea para la resolución de todos los problemas. No les importa vulnerar la legalidad vigente, ni dividir a la sociedad y quebrar la paz social, ni tampoco el aislamiento y las pérdidas económicas que traería a Cataluña; su estrategia ciega y suicida es conducir al pueblo, sean cuales fueren las consecuencias de este trágala asfixiante, a la Ítaca soberana prometida en la que todos serán felices a fuer de nacionalistas. Lo malo es que la Justicia misma se ha convertido en colaboradora de los independentistas. Hace siete meses, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite una querella, instada por la Fiscalía General del Estado, contra Artur Mas y otros dos miembros del Gobierno catalán que no acataron la prohibición de celebrar el referéndum del 9-N. En este tiempo, apenas se ha movido un papel y nadie ha sido llamado a declarar. Debe ser que la ley no es igual para todos. O que la proximidad del 27-S no aconseja llamar a interrogar al presidente de la Generalitat no sea que ese acto influya en el voto.

DOS SALIDAS JURÍDICAS
Así las cosas, si el proceso soberanista sigue adelante, y todo apunta que así será, al Gobierno le quedan varias salidas jurídicas, pero especialmente dos:

1.- La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional -aprobada esta semana por el Congreso y que entrará en vigor a primeros de septiembre tras pasar por el Senado-, que permite enfrentar situaciones de amenaza para las libertades y el bienestar de los ciudadanos sin recurrir a los estado de excepción o de alarma, mediante la utilización de los medios públicos y privados que sean precisos para conjurar la amenaza.

2.- Aplicar el artículo 155 de la Constitución, que obliga a una comunidad autónoma, con el respaldo por mayoría absoluta del Senado, al cumplimiento forzoso de sus obligaciones previo requerimiento a su presidente, por razones de grave interés general que la Constitución u otras leyes impongan. Este artículo no se ha aplicado nunca y de hacerlo, con arreglo a los principios de necesidad, proporcionalidad e intervención mínima según los constitucionalistas, quizás fuera necesario desarrollarlo con anterioridad.

Lo ideal sería utilizar la vía del diálogo, la negociación y el pacto. Pero, ¿qué se puede negociar con quien no está dispuesto a renunciar a ninguno de sus objetivos? ¿Cómo se puede desdramatizar un gravísimo conflicto a la vista de la animadversión e incluso el odio que se advierte en una de las partes? ¿Qué tipo de diálogo sereno y sincero que satisfaga finalmente a todos se puede entablar para acercar posiciones y puntos de encuentro cuando el Gobierno del Estado viene obligado a defender y aplicar la ley y no puede por tanto permitir que, por medios además ilícitos, se llegue a la desintegración del país mediante chantajes, provocaciones o hechos consumados?

Ya veremos cómo se despejan estas incógnitas. A día de hoy, o el Gobierno del Estado actúa mediante la aplicación de la ley, con las indudablemente graves consecuencias políticas y sociales que ello comporte, o se abrirá un periodo que, además de romper la unidad nacional, puede llevar al país al río revuelto de la división, el desgobierno y el fin del entendimiento fraternal. Y todo porque unos políticos iluminados han dividido a la sociedad y han atendido más sus propios intereses que las necesidades de los ciudadanos.