Una diferencia de 150.000 euros. Esa es la cantidad que afirma el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, separa las retribuciones del alcalde de Santa Cruz y de los 14 concejales que conforman su equipo de gobierno de las que se cobraban en el mandato anterior. Esta cantidad en concreto no fue discutida por el equipo de gobierno, que defendió que, en conjunto (alcalde, ediles y personal eventual), el ahorro respecto a 2011 es de casi 400.000 euros. Este debate se produjo en el pleno celebrado ayer, el primero con carácter extraordinario del mandato, y en el que se aprobó la estructura de funcionamiento municipal junto con las retribuciones del equipo de gobierno conformado por CC y PP en este mandato, el mismo en el que el número de trabajadores eventuales se ha reducido de 39 a 27, tal y como obliga la ley, motivo principal del ahorro señalado. Martín recordó en su intervención que en 2011, solo había 12 concejales con dedicación exclusiva por los 15 de este mandato, calificando de “caro” al equipo de gobierno.

El portavoz socialista además llamó la atención sobre el hecho de que todos los concejales cobren lo mismo, independientemente de la responsabilidad que acarrean en sus distintas áreas. “Se incrementa el coste en 150.000 euros y no porque se aumente el sueldo a los que más responsabilidad tienen, sino que concejales como los de Urbanismo o Asuntos Sociales van a cobrar igual que un edil cuya ocupación va a ser dirigir un distrito”, haciendo clara alusión a la concejal del PP, Yolanda Moliné, responsable de la dirección del distrito Suroeste, aunque también lo es de Patrimonio Histórico y de Consumo, como defendieron sus compañeros. Martín, que vio apoyada su crítica por Sí se puede, Ciudadanos (C’s) e IU, aunque por motivos distintos, añadió que “no hay correlación entre lo que se cobra y la responsabilidad que se asume”, insistiendo en calificar de “error” cobrar 2.400 euros netos al mes por gestionar un distrito.

Desde el PP, el que será su portavoz en este mandato además de concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, defendió que el coste total del Gobierno municipal (incluyendo al personal eventual) es casi 400.000 euros menor que en el mandato anterior, recordando que los sueldos se han “congelado”. Desde las filas de CC, su portavoz y concejal de Obras, José Alberto Díaz-Estébanez, defendió que se cobra en función de los límites legales, y los sueldos “están por debajo de lo exigido” y recordó que el alcalde cobra “mucho menos” que algunos funcionarios de la casa.

Criterios objetivos
Roberto Elices (C’s) apoyó la crítica de Martín sobre la responsabilidad y el salario. “Creemos que se deben aplicar criterios objetivos de remuneración”. Ramón Trujillo (IUC) señaló que 14 mensualidades de 4.800 euros brutos para el alcalde y otras 14 por 3.900 para los concejales “superan mi concepto de salario digno en estos momentos”.

Pedro Fernández Arcila (Sí se puede) afirmó que, en la actual situación de crisis, “no se pueden cobrar unos sueldos insultantes para el resto de la población”. “Para nosotros es un despropósito que el alcalde cobre 68.000 euros brutos al año cuando el 60% de los parados que hay en Canarias no cobra prestación”.

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Posible aumento de cargos directivos

Martín también criticó la posibilidad de que se aumente el número de cargos directivos que, según afirmó, ya se está barajando en las distintas áreas. En la actualidad son cinco los cargos de dirección, recordando el portavoz socialista que “si se confirma este aumento, el ahorro que se produce por la reducción del personal eventual va a ser cero patatero”. El portavoz socialista hizo esta afirmación durante el debate de los sueldos de los 27 trabajadores eventuales.

El PSOE recordó que cuando ellos cogobernaron se recortó “por convicción” y no por obligación. “Pasamos de tener 75 trabajadores eventuales, 15 directivos y 16 liberados a 39 cargos de confianza, cinco directivos y 12 liberados”. Trujillo (IU) también incidió sobre el ahorro por imperativo legal y no por voluntad política, aunque admitió que la oposición también accede a este personal.

Arcila (SSP) abogó porque fuera el personal funcionario el que asumiera esas labores, mientras que Díaz-Estébanez acusó a la oposición de no renunciar ninguno a su personal laboral y luego criticar su número. [/sws_grey_box]