El Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz pidió ayer mediante una moción institucional más implicación de las administraciones (Cabildo y gobiernos central y regional) en las obras de emergencia que se tendrán que acometer en el barrio de Punta Brava, con el objetivo de salvar este histórico y deteriorado enclave. Por unanimidad, los partidos con representación en el Consistorio no solo aprobaron una partida de 500.000 euros para rehabilitar el tramo afectado por un derrumbe en la calle Tegueste, sino que exigieron fondos para poder acometer una actuación integral en la zona, ya que informes técnicos señalan que dicha actuación es básica para evitar que más inmuebles o personas puedan resultar afectados en el futuro.

No en vano, la concejal de Gestión Económica, Sandra Rodríguez, confirmó que presumiblemente ese medio millón de euros que costará la obra “aumentará” una vez que se vayan desarrollando los trabajos, porque desde hace años todo el barrio viene padeciendo problemas de desprendimientos y filtraciones.

De igual modo, el Pleno aprobó una transferencia al Cabildo de 245.623 euros, en concepto de mejora de los espacios turísticos, así como distintas partidas para mejorar la acometida eléctrica del castillo de San Felipe y el alumbrado público del entorno; y ayudas económicas a familias en situación de exclusión y a los usuarios del centro de la Tercera Edad. En total, la propuesta del acuerdo consistió en la aprobación de casi 1,1 millones de adenda, con cargo al remanente de tesorería.

El Consistorio da el visto bueno a que la plaza de Europa vuelva a acoger el mercadillo

Según explicó Sandra Rodríguez, estas aportaciones son “fruto del saneamiento económico, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que permitieron cerrar el ejercicio de 2014 con algo más de seis millones de euros y un remanente positivo de tesorería para gastos generales de casi 5,9 millones, lo que permite que hayamos podido tomar medidas como las que se han tomado”.

Por otro lado, el Pleno también dio su visto bueno a la vuelta del mercadillo de la plaza de Europa, después de que se aprobara con los votos de PP-CC y la Asamblea Ciudadana (el PSOE se abstuvo) la propuesta de resolución de las alegaciones presentadas durante la información pública de la ordenanza de venta ambulante.

Al respecto, el alcalde, Lope Afonso, dejó claro que “hay garantías jurídicas suficientes” para que se desarrolle la ordenanza, aunque reconoció que todavía no se sabe a qué tasa municipal se van a vincular los cobros que se le exijan a los vendedores. Precisamente, este supuesto “limbo legal” creó cierta confusión y provocó las dudas de la oposición, que no obstante decidió priorizar el retorno de la actividad después de 10 meses de suspensión.

El Pleno portuense, por último, también dio cuenta de la composición de las siete comisiones de trabajo de las distintas áreas, en las que además se designaron a los miembros de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario y Laboral, en la que el grupo de gobierno ha cedido una de las plazas de representación a la oposición.