Las personas que se han tomado demasiado tiempo para conocerse a sí mismas -y están convencidas de quiénes son y cuáles son sus principios- hacen pocas incursiones en la realidad. Es comprensible: es muy confortable vivir en un mundo diseñado a su imagen y semejanza. Hace unos días, el activismo tuitero se encargó de difundir una noticia sobre las evaluaciones llevadas a cabo por Naciones Unidas en diferentes países. El mensaje que más se compartió en las redes sociales fue “La ONU suspende a España y aprueba a Venezuela en Derechos Humanos”, y la crítica con más retuits o me gusta fue que los grandes medios no habían recogido esta información, porque, como se sabe, todos son colaboradores necesarios de este complot de dimensiones internacionales. Ahora, en cambio, todo iba a cambiar. El organismo supranacional encargado de velar por el comportamiento ejemplar de personas y países -además de evitar guerras a partir de un vetusto equilibrio de poderes- se daba cuenta de la campaña de difamación que Occidente, o el mundo desarrollado, o el imperialismo yanqui y sus secuaces, habían orquestado. Y todo gracias a la tecnología, que ha hecho más por la democracia que cualquier político bieninetencionado: nos ha liberado de la dictadura informativa y ha destapado la verdad absoluta. De esta manera tenemos a nuestro alcance lo que el Comité de Derechos Humanos, el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes, opina al respecto. No necesitamos que ningún medio filtre su contenido. Solo tenemos que leerlo.
Muchas de las personas que expusieron esta revelación con orgullo y alardearon de estar en el lado de los buenos se olvidaron de lo más importante: pinchar en el enlace que iba al documento original y leerlo. Ahí se encontraban todos los motivos de preocupación que el comité detecta en España y las recomendaciones que dirige al Gobierno, que van desde la reforma del aborto hasta la ley de seguridad ciudadana pasando por la discriminación étnica o la violencia de género. También el listado de sugerencias y advertencias que envió a Venezuela, en el que incluye las detenciones arbitrarias, el altísimo número de personas en prisión preventiva, el nombramiento de jueces y fiscales sin el debido rigor (hay una mención especial del caso de la jueza María Lourdes Afiuni), los problemas de discriminación por sexo o el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden, entre otros. Informarse cuesta, y muchas veces no es una cuestión de dinero.