El caso del catastro paralelo, un operativo llevado a cabo por la Guardia Civil contra una supuesta trama de inscripciones irregulares en la oficina provincial del Catastro, sigue abierto y ahora las pesquisas se dirigen hacia las islas no capitalinas, al menos a La Gomera y a La Palma.

Según fuentes cercanas al caso, durante estos días el trabajo de los especialistas sigue dando sus frutos y a la cifra de 15 imputados que ya figuran en Tenerife hay que sumar los procedentes de estas islas, por lo que al menos ya figuran unos 20.

A ellos hay que sumar los tres detenidos y una imputada más, concretamente una funcionaria del Catastro, jefe de zona del otro funcionario implicado.
Los otros dos detenidos son el antiguo empleado de una notaría y el gestor de una inmobiliaria.

Como adelantó en su día este periódico, fue en junio de 2014 cuando la llamada Operación Perceval evidenció su existencia con la irrupción de los especialistas del Instituto Armado en las actuales oficinas del Catastro, ubicadas en la sede de la Delegación de Hacienda.

Fue entonces cuando se produjeron las primeras detenciones, que estuvieron acompañadas de la incautación de numeroso material informático cuyo análisis ha devenido en el rosario de imputaciones actual.

La Guardia Civil describe en un comunicado de prensa a los ahora detenidos como una “organización criminal” que “contaba con una clientela de profesionales relacionados con la gestión inmobiliaria y catastral, que acudían a ellos en busca tanto de una celeridad como de la viabilidad de gestiones, que la Gerencia del Catastro de Santa Cruz de Tenerife u otras administraciones con competencias en la materia no podían ofrecer, al realizar los trámites con sujeción al procedimiento administrativo, a la legislación reguladora de la materia y en defensa del interés general y de terceros afectados”.

En un solo día
El relato del modus operandi que el Instituto Armado continúa explicando indica que, gracias a las acciones ilícitas descritas, “gestiones que se podían dilatar en el tiempo durante meses y que habrían resultado gratuitas por el cauce ordinario, eran conseguidas en un solo día a cambio de una contraprestación económica y sin necesidad de aportar la documentación requerida por los cauces legales”.