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Se decidirá por la vía civil

San-Andres-Barranco-Las-Teresitas
Estado actual de la obra con las estructura de lo que iban a ser los aparcamientos de la playa santacrucera.| MOISÉS PÉREZ

El llamado caso Las Teresitas, que llegó a ser denominado como el pelotazo del siglo, se decidirá por la vía civil, ya que todo apunta a que este juicio se celebrará antes y las decisiones que finalmente se adopten en el mismo pueden llegar a ser incluso determinantes sobre el proceso penal.

Esta reactivación de la vía civil sobre este asunto, que versa sobre la compra de unos terrenos en la playa de Las Teresitas por parte de unos empresarios locales que finalmente anuló el Tribunal Supremo en 2007 y la sospecha sobre posibles irregularidades que desató la operación, se produce por decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.

Al apreciar un recurso presentado a tal fin por la empresa en cuestión (Inversiones Las Teresitas), el alto tribunal provincial revocó en días pasados la decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de la capital tinerfeña, que paralizó el ya avanzado proceso el pasado mes de febrero para esperar a una decisión sobre el mismo caso en la jurisdicción penal. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia han rechazado los argumentos entonces expuestos por la jueza ya que, por ejemplo, ni siquiera los implicados en ambos procesos son los mismos en uno y otro caso. Así, mientras que en el civil está personada la empresa ya citada, en el penal figuran como tales los empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio González Martín. Aunque para el profano la diferencia pueda resultar baladí, procesalmente son sencillamente personas distintas y se las considera como tal: una es jurídica y las otras dos físicas, claro está.

Retomada la vía civil al momento en que fue interrumpida y considerando que ya se ha celebrado la vista previa, ahora sólo resta que la titular del Juzgado Número 6 proceda a fijar la fecha del juicio, que en principio se prevé su celebración -como muy tarde- para el próximo mes de enero, ya que es probable que las fechas de los próximos tres meses ya estén ocupadas y hay que sumar tanto las vacaciones estivales como las invernales.

Por su parte, el juicio penal se espera para el primer trimestre del año que viene pero, a diferencia del civil, está abierto a posibles demoras.

La tasación de los terrenos será la clave
El hecho de que finalmente se celebre el juicio civil puede resultar determinante para el penal y la clave pasa por la tasación de los terrenos, en concreto dos parcelas comerciales y nueve hoteleras. La razón es sencilla: si los terrenos valen finalmente lo que se pagó por ellos, las acusaciones por malversación y prevaricación se desvirtúan. Y viceversa, claro está.

Esta demanda civil fue presentada por Inversiones Las Teresitas contra el Ayuntamiento capitalino después de que el Supremo anulase en 2007 la compraventa de dichos terrenos en la playa.

La decisión del Supremo se basa en que nunca se incluyó en el expediente una tasación realizada o avalada por la entonces arquitecta municipal Pía Oramas, que en su día denunció presiones para inflar el precio.

Siendo como es responsabilidad del Ayuntamiento (se le acusa de incurrir en causa torpe por incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local), la empresa considera que no basta con devolver el dinero pagado (52 millones) y los terrenos, ya que estos no pueden ser destinados al uso previsto entonces.

Así las cosas, la Corporación municipal reconvino la demanda inicial exigiendo los 52 millones más intereses (en total 74,5 millones), mientras que la empresa rechaza los terrenos y reclama el valor de los mismos con intereses más daños y perjuicios, lo que suma unos 116 millones.

¿Y cuánto valen los terrenos? La empresa aportó al juicio una tasación de 60 millones realizada por un catedrático de Barcelona, mientras que el Ayuntamiento se remite a la efectuada en el proceso penal por unos arquitectos de Las Palmas y que no pasa de 30 millones. Sea como fuere, la jueza ya anunció en la vista previa que valorará la pérdida de valor de los terrenos lo que, según todos los especialistas consultados, beneficiará a la empresa.

Un asunto con varias vertientes procesales
La gestión municipal de la santacrucera playa de Las Teresitas ha generado, por distintas causas, una cantidad considerable de trabajo para la administración de Justicia y que en la actualidad se dirime en varias jurisdicciones. Sin duda la más llamativa es la penal, con un proceso principal centrado en una compraventa de terrenos en el lugar: en la actualidad ya está abierto el juicio oral y la Fiscalía solicita un total de 52 años de cárcel a 12 imputados por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. También desde la perspectiva penal se debe citar al llamado caso mamotreto a cuenta de la construcción de unos aparcamientos en la cabecera de playa y por la que se ha condenado a seis personas, con recursos pendientes en el Supremo y en el Constitucional.

Por lo que respecta a la vía civil, ahora reactivada, se dirime una demanda de la empresa que compró los terrenos aludidos y que luego se los vendió al ayuntamiento, que a su vez pretende la reconvención de dicha reclamación. Como se expone, se prevé que como muy tarde se celebre este juicio civil y no mucho después el penal. Pero todavía hay más: el caso civil podría incluso terminar en la jurisdicción contencioso administrativa si finalmente se entiende que el perjuicio sufrido por los empresarios ante la pérdida de valor de dichos terrenos debe ser juzgado por dicha vía. A todo ello hay que sumarle más de 10 años de investigaciones policiales y de celebración de otros procesos de un caso que, precisamente, arranca de una sentencia del Supremo.