Tormenta vacacional. La producida por el Gobierno luego de aprobar el Decreto de las Viviendas Vacacionales, de manera apresurada dos días antes de las elecciones, aprobando el decreto con contenido distinto al que se trató en la sesión del pleno del Parlamento de Canarias y atendiendo a su parroquia electoral, los hoteleros del Sur de Tenerife, sin ser conscientes del alcance de la medida y contra los compromisos que venían incorporados en su programa de gobierno, la simplificación administrativa y la bajada de los impuestos. Desarrollamos hoy nuevo artículo sobre el tema, valorando otros aspectos que permiten entender su dimensión.
Acto 1.- Libertad de Servicios. En Canarias seguimos sin entender el proceso de liberalización de servicios, consolidado con el Tratado de Lisboa aprobado en el 2009 y desarrollado al amparo de la conocida Directiva Bolkenstein. Sobre ella, Madrid aprobó la Ley de Garantías de la Unidad de Mercado, Ley 20/2013 de 9 de diciembre, que pretende eliminar barreras empresariales entre comunidades, produciendo, claro está, una centralización legislativa y un proceso de desregularización económica, con un claro efecto positivo sobre el crecimiento del negocio y con ello del empleo. Esta ley consagra como propia la aplicación uniforme de las leyes en ámbito nacional y abre nuevos procedimientos alternativos al tradicional sistema de recursos. Hoy con la ley 20/2013 estaría abierto el recurso ante la Secretaría del Consejo de la Unidad de Mercado y también a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los recursos en ámbito autonómico, habida cuenta de la contaminación política, son largos e inciertos. Como hemos visto a su vez en el pusilánime dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre esta Ley. Madrid autonomía acaba de suprimir su innecesario Consejo Consultivo. Por cierto, el Gobierno de Canarias se arriesga a la millonaria reclamación patrimonial derivada de las ilegales restricciones de mercado, a que puede llevarle el Decreto Vacacional.
Acto 2.- Los errores del Gobierno de Canarias. Puestos a regular, se deja al 90% del mercado de las viviendas vacacionales fuera de la ley. Se crea para ello una nueva categoría turística extrahotelera que se prohíbe en las zonas turísticas, por más que lleven muchas de ellas más de 40 años operando con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). No se precisa un deslinde claro con la misma y, al trasladar su ámbito al exterior de los suelos turísticos, se crean problemas en las áreas residenciales y también en el suelo rústico, donde operaría como nueva categoría turística extrahotelera, en competencia con las actuales casas rurales. En España están operando nueve leyes-decretos vacacionales (Asturias, Aragón, Valencia, Cataluña, La Rioja, Canarias, Madrid, Andalucía en tramitación), cada una a su aire y todas ellas en contra de la Ley de Unidad de Mercado. Dado el cúmulo de errores se disparan las interpretaciones legales, de forma que los conflictos están servidos. Me olvidaba del efecto del nuevo decreto sobre los impuestos, grava a las nuevas viviendas vacacionales con el 7% del IGIC, que no tienen en la LAU. Siempre es así, nueva ley, nuevos impuestos.
Acto 3.- La Economía Colaborativa. Ha llegado para quedarse y es imparable. El cambio económico y cultural exige nuevas regulaciones, dado el vacío legal, en cuanto a contribuciones impositivas, seguros y responsabilidades. Lo cual no se resuelve como en Canarias, ignorando el fenómeno y prohibiéndolo. El fenómeno está desregulando el sector del coche de alquiler, el negocio turístico con la vivienda vacacional o el propio trabajo. El medio internet simplifica la intermediación y abre posibilidades infinitas. Ignorarlo no sirve de nada. La Red está reorganizando la nueva sociedad. La economía colaborativa desde el punto de vista innovador, económico y ecológico, es un claro avance de la economía de producción, por la economía del consumo. Permite un uso más eficiente de los recursos. Hasta los hoteleros vienen ya trasladando su contratación a la Red y reestructurando su negocio para externalizar buena parte de sus funciones no esenciales.
Acto 4.- Quién ofrece más calidad. En estos días se pronunciaba en Tenerife el Instituto de Turismo Responsable, dependiente de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo, a favor de la vivienda vacacional, entendiendo que un mercado sostenible se apoya en la diversidad y complejidad de su oferta turística. El mismo argumento lo podemos hacer extensible al marco regulatorio canario, que de facto prohíbe los nuevos desarrollos turísticos. No sólo con la rehabilitación se desarrolla una oferta turística sostenible en el tiempo, se precisa nueva oferta adaptada a los nuevos mercados y modelos turísticos, si no queremos degradar la oferta a medio plazo.
Por otro lado, es un error poner en oposición la oferta hotelera con la vacacional. Ofrecen éstas un perfil de cliente diferente, que no es hotelero y abre el mundo turístico a una oferta complementaria en amplia expansión. Al acabar con la intermediación todo su gasto se queda en Canarias y se desarrolla el tejido comercial, restauración, eventos, visitas, etc. de su entorno. No porque nos parezcan mal los “hoteles de la pulsera” debemos prohibirlos, aunque deserticen el tejido comercial de su entorno. Es el mercado quien tiene que ponerlos en su sitio, al igual que el de la vivienda vacacional, que tiene hoy en Canarias una oferta diferenciada de calidad, complementando y dando solidez al destino.
*Arquitecto y Urbanista