el dardo

Varapalo jurídico

El actual Gobierno autonómico en funciones vive sus últimos días en activo y va a irse a casa con el amargo sabor de nuevas derrotas jurídicas y no pocos problemas, muchos de ellos de personal -unos derivados de la marcha de contratados o designados a dedo, otros a causa de unas oposiciones mal convocadas y peor desarrolladas- y algunos más ubicados en ese enredo de intereses en que se convirtió la televisión autonómica por dejadez de sus máximos responsables políticos. La única satisfacción que cabe a los cesantes es, en todo caso, la continuación del nuevo pacto regional entre nacionalistas y socialistas que, superados los contenciosos del cabildo y el ayuntamiento lagunero, puede asentar un periodo de cierta tranquilidad y estabilidad institucional en Canarias… si los resultados de las elecciones generales de fin de año no trastocan sus ataduras. El Gobierno de Canarias en funciones se va con dos nuevos y sonados varapalos relacionados con las cuestiones petroleras, a las que tanto tiempo y dinero dedicó en la presente legislatura, pese a la lógica de las cosas y a la necesaria prudencia política, que en este caso fue sustituida por una absurda contienda legal. El Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en su sitio al anular, por acuerdo unánime, el decreto dictado por el Ejecutivo autonómico mediante el cual convocaba una consulta sobre las prospecciones petrolíferas. Ya dije en su día que eso de consultar resulta muy vendible y muy progre, pero a condición de que se tengan competencias para ello. El alto tribunal dice que nones, que se vulneran la Constitución y el Estatuto de Autonomía, ya que la cuestión planteada equivale a un referéndum, que es competencia exclusiva del Estado. Así lo pensaban también los servicios jurídicos del Gobierno, pero una vez más fueron obligados a recurrir a sabiendas de que perderían. Otro tanto ha ocurrido con parte del reglamento aprobado para las consultas autonómicas, que en la cuestión petrolera tenía carácter referendario, es decir, resulta de exclusiva competencia del Estado. Ya puede decir el Ejecutivo en funciones lo que quiera pero las cosas son como son, no como las autoridades Canarias que ahora se van querrían que fueran. ¡Hay que ver lo mucho que cuesta aceptar errores y derrotas!