el dardo

A vueltas con la Lomce

Se acerca el comienzo del próximo curso escolar y otro año más volvemos a las andadas con la Lomce o Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, una norma controvertida pero cuyos principales objetivos parecen muy loables ya que pretenden acabar con el fracaso escolar, facilitar la empleabilidad al término de los estudios, estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes, reducir las tasas de abandono temprano de las aulas y mejorar los resultados educativos según los criterios del programa PISA. Para ello mejora la autonomía de los centros, la capacidad de gestión de los directores, las evaluaciones externas al término de cada etapa, la racionalización y flexibilización de la oferta educativa, la modernización de la formación profesional básica y dual y el fomento del plurilingüismo, además de otorgar mayor importancia a la asignaturas troncales, introducir cambios curriculares de calado en la educación primaria y en la ESO, y potenciar las tecnologías de la información y la comunicación. Aprobada en 2013 solo con los votos del PP, se trata de la séptima ley de educación del período democrático; como las seis anteriores, votadas éstas bajo mandato socialista, nunca fue posible el consenso por diferencias ideológicas. Durante el mandato del ministro Gabilondo estuvo a punto de lograrse un amplio acuerdo, pero al final el propio PSOE se echó atrás y lo frustró. Una pena porque España sigue a la cola de Europa en fracaso escolar y las evaluaciones realizadas no auguran ninguna mejora con el sistema educativo que ha regido hasta ahora. En estas circunstancias sorprende que el Partido Socialista y otros situados en la oposición reclamen la derogación de una ley en vigor, con la consiguiente paralización de su implantación en las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato prevista para este año; una ley que, con todos los defectos que se quiera, es mucho mejor que la anterior porque moderniza una parcela fundamental para la formación del estudiantado no universitario. No entiendo por qué se pretende jugar con la seguridad jurídica y académica saltándose la legalidad vigente y el margen de autonomía otorgado a las comunidades. Lo lógico y legal es aplicar la Lomce, guste o no guste. Y eso es lo que debería hacerse en Canarias.