El Gobierno canario y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido por el banco malo, firmarán “en las próximas semanas” el convenio mediante el que el Ejecutivo regional podrá gestionar las primeras 50 viviendas para entregarlas en alquiler social a personas. Se trata de una de las medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta, Patricia Hernández, dentro de la política para evitar o mitigar los efectos de los desahucios en Canarias. Una medida que va unida a la creación de una Oficina de Intermediación en la que el Gobierno autonómica mediará entre los afectados por el impago de hipotecas y los bancos.

Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH-Tenerife) se ha criticado que ni en campaña electoral ni tras la constitución del Gobierno canario por CC y PSOE, se haya escuchado su opinión sobre estas y otras medidas. “Es un insulto que el Gobierno canario cuente primero con la parte agresora, los bancos, y no con las víctimas, cuando se trata de propuestas que quien primero las planteó fue la PAH con el Colegio de Abogados”, asegura la presidenta de esta plataforma, Inma Évora. La PAH, explica, ha asesorado desde su constitución a miles de familias y ha intervenido en más de cien casos de desahucios en Tenerife, logrando paralizar muchos de ellos. No obstante, sostiene que las medidas legales adoptadas son insuficientes y continúa el drama de muchas familias canarias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, a lo que se une la falta de viviendas de promoción pública para decenas de miles de solicitantes.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que preside Patricia Hernández, aclara que la vicepresidenta “hizo ya pública en su día su intención de reunirse con todas las entidades que tienen que ver con los desahucios, tanto la PAH como las entidades financieras” por lo que aclara que este colectivo de afectados “participará de ese proceso en condiciones de igualdad con el objetivo de crear la Oficina de Intermediación”. La prioridad de la Consejería, aseguran fuentes de este organismo, es que no se produzcan desahucios y que todo el mundo tenga alternativa habitacional. Añaden que el Gobierno ha acelerado la entrega de viviendas públicas en alquiler que estaban paralizados. Recientemente se entregaron medio centenar en la capital grancanaria y “próximamente se hará lo mismo en Jinámar”.