Después de cuatro años de espera, las personas en situación de dependencia catalogadas como Grado I -que de modo genérico supone necesitar el apoyo de otra persona al menos una vez al día-, fueron incorporadas al sistema por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales el pasado 1 de julio. En Canarias, según el último informe estadístico publicado por el Imserso, a fecha 30 de junio, eran 7.318 los dependientes reconocidos en esta categoría. De ellos, solo 2.238 están siendo atendidos en estos momentos por el Gobierno regional, que ya contaba con un sistema propio de ayudas anterior a la entrada en vigor de la controvertida Ley de Dependencia desarrollada por el Gobierno socialista de Zapatero.

El resto, algo más de 5.000 personas, tendrán que ponerse a la cola y esperar su turno, con el añadido de que el Ministerio no consignó ninguna partida presupuestaria para paliar esta situación en las cuentas de 2015. Se trata de un problema del que venían alertando las comunidades autónomas desde se produjera el primer aplazamiento en la incorporación de estos dependientes al sistema, meses después de que Mariano Rajoy ganara para el PP las elecciones de 2011. Entonces, la ministra Ana Mato aseguró que sería en 2014 cuando se podría afrontar el gasto que suponían las más de 300.000 personas con Grado I reconocido. Sin embargo, su sucesor en el cargo y actual responsable del departamento sanitario, Alfonso Alonso, volvió a aplazar el pasado mes de enero la aplicación del calendario que fijaba la ley del PSOE. Finalmente, el 1 de julio se oficializaba la incorporación de este colectivo al sistema de prestaciones y servicios, del que hasta ahora solo se podían beneficiar los grandes dependientes y los denominados severos.

Así, los dependientes moderados ya pueden solicitar ayudas económicas para la permanencia en domicilio, la atención diurna y el transporte adaptado, el servicio telefónico de emergencia, la atención domiciliaria municipal, la asistencia personal y el servicio de atención temprana.

Sin dinero hasta 2016

Respecto a las cuantías, podrán recibir una prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores de entre 60 y 180 euros mensuales; una ayuda para la atención en centros de día de entre 103 y 762 euros; y una ayuda para asistencia personal de entre 203 y 509 euros.

Todo ello, claro está, cuando entren en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2016, ya que el Ejecutivo del PP argumenta que las comunidades autónomas tienen seis meses para enviar los listados de los nuevos beneficiarios al Imserso, por lo que es más que probable que la primera transferencia de fondos para estas nuevas incorporaciones al sistema no se realice como mínimo hasta el mes de enero.

Los datos isleños, bajo sospecha

La viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena, ha ordenado una investigación interna sobre los datos de las personas acogidas al sistema de dependencia al detectarse “posibles irregularidades” en el número de personas que aparecen como atendidas, cuando lo que recibían en realidad era una ayuda municipal domiciliaria. La investigación, que está aún en su fase preliminar, fue ordenada por la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández. La propia Isabel Mena alertó de la “sorprendente” incorporación de casi 9.000 ayudas a domicilio en enero de este año, lo que ha permitido que Canarias ya no esté a la cola en la gestión de la atención a la dependencia en España.