SOCIEDAD

El ‘catastro paralelo’ tramitaba en un día lo que suele tardar 140

La actual sede del Catastro está en la Delegación de Hacienda, donde se produjo la redada de 2014. / FRAN PALLERO
La actual sede del Catastro está en la Delegación de Hacienda, donde se produjo la redada de 2014. / FRAN PALLERO

El llamado catastro paralelo, una presunta trama criminal desarrollada durante al menos un decenio en la oficina provincial del organismo, llegó a tramitar en 24 horas expedientes cuya duración media está fijada en 140 días, según fuentes cercanas a la investigación de este caso, cuyo nombre policial es Operación Perceval y cuyo fruto hasta el momento es de cinco detenidos y al menos catorce imputados, entre los cuales se encuentran tanto supuestos conseguidores ocasionales de clientes como meros beneficiados de las irregularidades.

Semejante celeridad es debida a que en este catastro paralelo se saltaban el orden de incoación de los expedientes catastrales y de que no hacía falta presentar la documentación imprescindible en caso de actuar conforme a la ley vigente.

Como adelantó en su día este periódico, la extensa investigación practicada por la Guardia Civil concluye que los aludidos cinco supuestos integrantes se repartían las funciones de la siguiente manera. Por un lado, dos funcionarios (que eran pareja sentimental) se encargaban de practicar las supuestas irregularidades, especialmente el varón, que era el responsable informático de la oficina. Por otro, dos sobrinos del funcionario eran agentes inmobiliarios y, al igual que el quinto componente, empleado de una notaría lagunera, se encargaban de conseguir los clientes.

Sin embargo, la duración de la trama (estimada entre 10 y 14 años) hizo que el boca a boca se convirtiera finalmente en la principal fuente de clientes, a los que se les cobraba según el perfil y la irregularidad a cometer. En buena lógica, también algunos de los beneficiados pasaron a convertirse en ocasionales captadores de interesados en beneficiarse de la trama.

Modo de actuar
Las fuentes aludidas detallan la existencia de un informe pericial encargado ex profeso para este caso. En el mismo se analizan una serie de expedientes que sirven como ejemplo para detectar el modo de actuar de la supuesta trama.

Así, todos los expedientes iniciados (y concluidos) por el informático analizados en dicho informe pericial permiten observar que se toma como modelo el destinado para recursos, pero en los mismos no figura escrito de solicitud alguno.

No obstante lo anterior, se prescinde de la calificación realizada por los interesados y todos los expedientes se tramitan como solicitudes de inicio de procedimiento de subsanación de discrepancias, y no como recursos.

Hay que señalar que los efectos catastrales derivados de calificar los escritos como recursos o como solicitudes de inicio de procedimientos de subsanación de discrepancias son diferentes, ya que la resolución de un recurso de reposición retrotrae sus efectos a la fecha del acto objeto de impugnación mientras que las alteraciones catastrales derivadas de un procedimiento de subsanación de discrepancias producen sus efectos a partir del día siguiente al de la resolución del procedimiento.

Muchos terceros fueron perjudicados al no ser alertados de los cambios en los informes

Asimismo, hay que tener en consideración que estos expedientes analizados se calificaron como subsanación de discrepancias en todos los casos, aunque en realidad se referían a alteraciones catastrales que debieron ser objeto de declaración y, por tanto, no eran susceptibles de ser incorporadas en el Catastro mediante ese procedimiento de subsanación de discrepancias.

Otra de las irregularidades detectadas en el referido informe pericial desvelan hasta qué punto muchas personas se vieron perjudicadas por los cambios efectuados a través del catastro paralelo, en el que obviamente brillan por su ausencia los acuse de recibo de las notificaciones. Lo que sí abundan son notificaciones por comparecencia, pero sin constancia de que hubieran sido recibidas.

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La UCO achaca a dos de los investigados hasta seis acciones delictivas diferentes

A la espera de que se pronuncien las posibles acusaciones en el caso del catastro paralelo (no se descarta que a la Fiscalía se le una al menos la Abogacía del Estado), los investigadores responsables del extenso informe policial derivado de la llamada Operación Perceval achacan a los dos funcionarios implicados un total de seis delitos.

Así, efectivos de la Unidad Central Operativa consideran que tanto el informático como una de las jefes de área del catastro tinerfeño son, presuntamente, autores de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, violación de secretos/infidelidad en la custodia de documentos públicos y organización criminal.

En cuanto a los otros tres supuestos integrantes de la trama, a los dos sobrinos del informático que trabajaban como gestores inmobiliarios se les considera autores de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, además de partícipes de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

El quinto integrante de la presunta banda es el empleado de la notaría, a quien los investigadores entienden probado que debe responder como autor de los los delitos de cohecho y organización criminal, además de partícipe en los de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y falsedad documental.

En cuanto a los otros catorce imputados, a cuatro de ellos se les achaca un delito de cohecho y ser partícipes de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documentales.

A otro más se le trata de autor de un delito de tráfico de influencias y de partícipe de prevaricación administrativa y falsedad documental.

Por último, a otros cinco solo se les considera partícipes de los tres delitos en cuestión, y al resto de prevaricación y falsedad ya descritos. Por último queda explicar una clave fundamental de este caso, sin la cual difícilmente hubiera existido este catastro paralelo. El Catastro provincial tinerfeño funcionaba con un proceder informático muy criticado por parte de los investigadores de la Guardia Civil, ya que cualquiera con acceso a los expedientes podía transformarlos sin que quedase registro aparente de su paso por el mismo, ya que al final solo figuraba en todos y cada uno de ellos el nombre de la responsable del Catastro provincial, que en realidad era ajena a los mismos en cuanto a su contenido. Lo cierto es que tal ardid permitió en la práctica la creación de ese catastro paralelo cuyos servicios supuestamente fueron ofrecidos a buena parte del sector inmobiliario provincial, como demuestra el hecho de que funcionara el boca a boca en un caso de estas características. Finalmente, el sistema informático fue corregido a finales de 2013.[/sws_grey_box]