El Gobierno canario prevé en esta legislatura elaborar una nueva “ley del régimen jurídico del personal del servicio público”, que contendrá, entre sus “ejes fundamentales”, el establecimiento de un nuevo sistema de salarios para “ir abandonando el actual modelo retributivo lineal y defender diferencias retributivas de empleados públicos de igual cualificación profesional en virtud del rendimiento en el puesto de trabajo, aplicando criterios objetivos y, por tanto, claramente observables”.

Así se pone de manifiesto en el programa de gobierno firmado entre CC y PSOE, y en el que ambos partidos creen preciso regular el sistema de empleo público de la Comunidad Autónoma “teniendo presentes las exigencias de control de gasto, racionalización y transparencia, el impacto de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de gestión del personal, carrera y función directiva; así como la incorporación de nuevos perfiles profesionales acordes a las nuevas necesidades”.

La nueva ley a la que se ha comprometido el Ejecutivo autonómico tendrá, además, otros seis ejes, entre los que destaca el de crear una “verdadera carrera profesional que aproveche la aportación real de los empleados públicos, en la que realmente se valore su esfuerzo en la consecución de los objetivos de la Administración”. Para ello, CC y PSOE incorporarán en la futura ley, como modalidad “novedosa”, la carrera profesional “horizontal”, de modo que los empleados públicos “puedan ver satisfechas sus expectativas retributivas sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, lo que redundará su especialización en las funciones que desempeñan”.

También se propone el Gobierno regional regular el personal directivo profesional en las Administraciones Públicas.

Para ello diseñará un nuevo modelo de directivo profesional “acorde a la autonomía que se pretende dar a las unidades administrativas”, y que contemple “compromisos e incentivación”.

La Comunidad Autónoma tiene más de 59.000 trabajadores públicos, de los que cerca de 24.000 corresponden a la sanidad, más de 21.000 a la enseñanza no universitaria y más de 2.000 a la Justicia.

[sws_grey_box box_size=”100″]Consolidar el empleo temporal

El prometido proyecto de ley de régimen jurídico del personal de los empleados públicos incluirá, según el pacto de gobierno entre CC y PSOE, el objetivo de funcionarización y procesos de consolidación del empleo temporal. En estos casos, el Ejecutivo regional se propone garantizar “la participación voluntaria de todos aquellos empleados públicos laborales que quieran funcionarizarse y que cumplan los requisitos exigidos en la normativa básica. Asimismo, el Gobierno autonómico se propone “avanzar para fijar el modelo de consolidación de empleo temporal para dar estabilidad” a sus trabajadores, lo que, para CC y PSOE, “permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía, al evitar la incertidumbre que pende sobre los empleados públicos que tienen vínculo temporal”. Además, socialistas y nacionalistas pretenden “rediseñar” la selección de personal para elegir “ a los candidatos más idóneos para el desempeño de cada función”. Otro objetivo que se plasmará en en la futura ley es “seguir profundizando en la incorporación de medidas de discriminación positiva para que puedan acceder a la Administración Pública personas con discapacidad”.[/sws_grey_box]