El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha elaborado una serie de “indicaciones” para recortar los gastos de los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección, entre las que se encuentran la de acogerse a la tarifa turista en sus viajes de avión o tren y la de utilizar con carácter general el transporte público para sus desplazamientos. Esta lista de indicaciones (ocho en total) vienen recogidas en una orden publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y firmada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La orden, que se aplicará a los contratos mercantiles o de alta dirección que se firmen a partir de hoy, fecha de su entrada en vigor, fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas y desplazamientos para los máximos responsables y directivos del sector público estatal. Además, establece una serie de “criterios de buena gestión” para ajustarse a los principios de austeridad en el gasto, “imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias”.

Estos criterios persiguen, según Hacienda, el asegurar la existencia de unas condiciones homogéneas de aplicación al mencionado personal y tienen en cuenta los actuales principios generales de “austeridad, eficiencia y transparencia” en el sector público. Así, y con el fin de ahorrar costes, el Departamento de Cristóbal Montoro anima a estos altos cargos a utilizar en sus desplazamientos el transporte público cuando el uso del vehículo particular no sea lo más económico y a acogerse a la tarifa turista en los viajes de avión o tren, salvo casos excepcionales y justificados por la distancia hasta el lugar del destino o la duración del viaje.

Hacienda también les sugiere que recurran a audio o videoconferencias como alternativa a las reuniones o desplazamientos y que apliquen “criterios restrictivos” en cuanto al número de personas que han de desplazarse, evitando los desplazamientos “innecesarios” de equipos de trabajo. Hacienda da dos meses de plazo a contar desde hoy a las entidades del sector público estatal para adaptarse a estas directrices.