Son muchos los indicadores socioeconómicos que sitúan a Venezuela en una situación límite. El país bordea el colapso, mientras el Gobierno no da síntomas de reaccionar, con una política que acentúa la división social y alienta la confrontación. Pero la realidad es demoledora. Caen los ingresos y hay escasez de productos básicos (alimentos y medicinas). De no corregirse con urgencia, se convertirá en “una grave crisis humanitaria”. Así lo ha advertido el International Crisis Group, una prestigiosa organización no gubernamental (ONG) que trabaja para gobiernos e instituciones (Unión Europea, Naciones Unidas, etcétera) y está considerada una de las fuentes más destacadas e imparciales de análisis y asesoramiento en prevención y resolución de conflictos armados.
Este colectivo, en el informe que presentó el pasado 31 de julio sobre la situación de Venezuela, considera que este estado de cosas responde a “malas decisiones políticas, incompetencia y corrupción”. Si bien, señalan que “aún hay tiempo para evitar sus peores consecuencias”, siempre que “se logre salir del estancamiento político y se forjen nuevos consensos, lo cual a su vez requiere la sólida participación de los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales”.
Señalan que la condición de país exportador de petróleo, que “gozó de una de las alzas en el precio del petróleo más sostenidas de la historia, debería estar bien posicionada para sobrellevar el repentino colapso de los precios del sector”. “Tras haber contraído enormes deudas, prácticamente agotado sus reservas internacionales y vaciado el fondo de estabilización creado para afrontar tales eventualidades, el Gobierno enfrenta una grave escasez de divisas y ya no puede permitirse compensar las carencias de la producción nacional mediante importaciones”, advierten.
Las consecuencias de esta situación económica está afectando a los más pobres, que tienen graves dificultades para acceder a los bienes más básicos. Así las cosas, señalan que “las personas que sufren enfermedades como el cáncer, VIH-Sida o padecimientos cardiovasculares pueden pasar meses sin acceder a los medicamentos que necesitan para sobrevivir”.
Este colapso de la infraestructura sanitaria y de bienestar social, advierten de que puede “derivar en una mayor erosión de la democracia y una creciente probabilidad de violencia política”. Y alertan de que también puede afectar a otros países. “Una Venezuela inestable podría desestabilizar a otros países de la región, en particular las naciones caribeñas que dependen de la energía que importan a precios subsidiados”.
Para prevenir las graves consecuencias de una crisis humanitaria en Venezuela, el ICI hace una serie de recomendaciones que comienzan por instar al Gobierno a que admita el problema. Priorizar las acciones concertadas para garantizar el suministro básico de recursos escasos a los más necesitados y un sistema de bienestar social libre de intervención o manipulación partidista.
Sugieren además la necesidad de buscar apoyo para un programa de emergencia que restaure el equilibrio económico y proteja a los más vulnerables de las consecuencias del ajuste necesario, mientras que demandan de la oposición que reconozca que “no hay solución indolora” y presente una agenda de reformas, al tiempo que animan a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional a actuar para que “se restaure el Estado de derecho”.