El principio de acuerdo entre el Cabildo y los tres ayuntamientos implicados en la depuración de las aguas residuales del área metropolitana (Santa Cruz, La Laguna y El Rosario), para que sea la Corporación insular la que gestione la depuradora de Santa Cruz y pedir conjuntamente al Estado que declare la obra de ampliación de la infraestructura de emergencia, es calificado por Sí se puede (SSP) de “tirar balones fuera”. La formación ecosocialista fue la primera en dar a conocer el expediente que el Gobierno de Canarias ha abierto a Santa Cruz por verter más agua de la permitida al mar en la zona de La Hondura. La concejal de Sí se puede, Asunción Frías, recuerda que, “en Santa Cruz se sigue cometiendo un delito medioambiental y eso es responsabilidad del municipio, el Ayuntamiento y Emmasa”.
“Al margen de que haya o no fondos del Estado, Santa Cruz tiene la obligación de depurar las aguas adecuadamente”, señala Frías, quien insiste en que “ahora mismo se está cometiendo un delito medio ambiental y la responsabilidad es municipal”. Recuerda Frías que Sacyr Vallehermoso, principal accionista de Emmasa, la empresa que a su vez gestiona la depuradora, “tiene pendiente de invertir 45 millones de euros a fondo perdido en Santa Cruz”. “De ahí podría salir el presupuesto para la ampliación”, añade.

Responsabilidad

Para la formación ecosocialista, la reunión de ayer, por tanto, es “es para tirar balones fuera” en la responsabilidad que tiene la capital. “La pelota está en el tejado de Santa Cruz, del Ayuntamiento y de Emmasa”, señala Frías, quien admite que “también el Cabildo tiene una responsabilidad que no ha asumido adecuadamente durante años”.
Sí se puede avanzó el mismo día que dio a conocer el expediente que revisa la autorización que tiene Emmasa para verter agua al mar que se personaría en la causa penal que por estos vertidos se sigue en el juzgado de instrucción de la capital, en la que están imputados el exconcejal Norberto Plasencia y el actual edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga.