tribuna

Tangentópolis española – Por Fermín Bocos

Todo está inventado. Hace unos años, cuando creíamos que la corrupción asociada a los favores políticos era cosa de otros nos llamaban la atención las noticias de Italia en las que se reflejaba la tenacidad de algunos jueces para acabar con la colusión entre políticos y empresarios que se enriquecían ilícitamente a costa del erario. Políticos, consejeros y ministros acabaron en prisión. Hasta un exprimer ministro, el socialista Bettino Craxi, manchado por el cobro de comisiones, acabó exiliándose en Túnez para eludir la acción de la Justicia. El descrédito que aparejaban tantos escándalos se llevó por delante a la Democracia Cristiana, el gran partido de la derecha y al PSI, los partidos que junto al PCI habían sido durante treinta años los pilares de la República. La prensa bautizó las actividades corruptas perpetradas en la sombra por los políticos como Tangentópolis. Así ha pasado a la Historia reciente de nuestro país vecino aquella etapa infamante. Aquí, durante años, quizá por la juventud de nuestra democracia, nos creímos a salvo de semejantes prácticas. Pero pronto descubrimos que en materia de corrupción también teníamos lo nuestro. A mediados de los ochenta el caso Filesa acabó con algún dirigente del PSOE en prisión. Antes Jordi Pujol, fundador de CDC, se salvó por los pelos a raíz de caso Banca Catalana. Después, ya en este siglo, los casos Gürtel y Púnica han puesto al PP ante las puertas de la Audiencia Nacional. Y la cosa sigue porque en el transcurso de la instrucción del caso conocido como Operación Púnica a raíz de la declaración del empresario David Marjaliza, el juez Eloy Velasco ha elaborado una lista de un centenar largo de ayuntamientos (repartidos por media España) regidos por populares en busca de pruebas de casos de adjudicación fraudulenta de obras a cambio de comisiones. Era lo penúltimo. Lo último es el registro de la sede de la fundación de Convergencia Democrática -llevado a cabo por la Guardia Civil en busca de pruebas sobre una presunta trama delictiva de cobro de comisiones por adjudicación de obras en diferentes ayuntamientos de Cataluña-. Mientras tanto seguimos a la espera de que la Justicia haga justicia en el caso de los ERE de los que deben responder exaltos cargos políticos de la Junta de Andalucía. Qué ingenuos algunos pensando que España era diferente.