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Trabas legales y financieras paran la construcción de 15 nuevos colegios

El grave deterioro de algunas de las actuales infraestructuras educativas de Canarias hace necesaria la construcción de nuevos centros. / DA
El grave deterioro de algunas de las actuales infraestructuras educativas de Canarias hace necesaria la construcción de nuevos centros. / DA

Los profesionales, los sindicatos y el Consejo Escolar de Canarias coinciden en señalar que una de las asignaturas pendientes del sistema público en el Archipiélago actualmente es la falta de infraestructuras, en las que acoger al creciente número de alumnos, especialmente en algunos municipios de las islas capitalinas. Atendiendo a esta imperiosa necesidad, el Gobierno regional presentó en abril de 2013 una novedosa iniciativa que debía permitir la construcción de 15 nuevos centros en el Archipiélago, lo que supondría una inversión de 80 millones de euros.

Para conseguir esta elevada cantidad, el entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, explicaba que sería la iniciativa privada quien costearía la inversión, una fórmula que además permitiría que el coste de estas infraestructuras no computase como déficit público. A cambio, la Comunidad Autónoma cedería a los inversores la explotación de algunos de los servicios de los colegios, como los de comedor, mantenimiento, limpieza o vigilancia. La previsión, según confirmaron desde la Consejería de Educación, es que se procediera a la licitación y adjudicación de las obras antes de final de 2013, para que los centros pudieran estar listos para entrar en funcionamiento este próximo curso. Más de dos años después de que se presentara el proyecto, apenas se ha avanzado, ya que según indican distintas fuentes del Gobierno canario, “problemas legales y financieros” lo mantienen paralizado. De hecho, los nuevos responsables del departamento educativo aún deben analizar la viabilidad del mismo, porque supuestamente los 80 millones de euros que se requerirían de inversión deberían ser devueltos por el Ejecutivo a las empresas constructoras para que ese dinero no computase como deuda. Según explicó en su día la Consejería de Educación, cinco de los nuevos centros se localizarían en Tenerife, concretamente en Las Chafiras, en San Miguel de Abona; Guaza, en Arona; Puntalarga, en Candelaria; Arico y Tijoco Bajo, en Adeje. Mientras, Lanzarote y Fuerteventura contarían con tres nuevos centros en Arrecife, Haría, San Bartolomé, Morro Jable (Pájara), Antigua y Villaverde (La Oliva). Para Gran Canaria se planificaron dos nuevas infraestructuras, una en Gáldar y otra en Santa Lucía de Tirajana, mientras que las islas de La Palma y El Hierro ampliarían su oferta con un nuevo centro escolar cada una, que se ubicarían en Tazacorte y Valverde.

El controvertido proyecto establecía igualmente que las empresas adjudicatarias serían responsables de la construcción de los colegios, equipamiento y mantenimiento de los mismos durante 27 años, y se ocuparían a cambio de los servicios de comedor y cafetería, limpieza y conserjería.

El ‘dudoso’ respaldo de Magdalena Álvarez

La puesta en marcha de este novedoso proyecto iba a permitir crear unos 900 puestos de trabajo directos y 1.200 indirectos en el Archipiélago, lo que según el Gobierno regional iba a “dar un respiro” a la elevada tasa de desempleo existente en las Islas.
La fórmula de financiación privada sin cómputo público contaba incluso con el visto bueno del Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuya responsable entonces, la exministra socialista Magdalena Álvarez, se reunirse con su compañero de partido y exconsejero regional de Educación, José Miguel Pérez. Álvarez, paradójicamente, dejó el BEI en 2014, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla ratificara su imputación en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. En esas mismas fechas, julio de 2014, la patronal de la construcción también se desmarcaba del proyecto, tras expresar sus dudas sobre la viabilidad legal y económica de la iniciativa regional.