No estoy de acuerdo con lo que usted dice pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo” es una frase atribuida a François Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Una frase que encierra muy bien una idea de defensa de la libertad de expresión como uno de los pilares elementales de cualquier democracia moderna. El 1 de julio de 2015 ha entrado en vigor la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad que se ha bautizado como “ ley mordaza”. Un texto legal que sin duda habrá revuelto en su tumba al pensador francés. Esta misma semana ha saltado a las primeras páginas de todos los medios informativos la primera aplicación de dicha norma a un bloguero de Güímar que realizó una crítica en redes sociales a la policía local de su pueblo.
Algo sorprendente e insólito en un país que en teoría se encuentra entre las democracias occidentales y donde las más elementales garantías constitucionales a estas alturas no deberían estar en duda.
Es una mala ley, no sólo por su contenido, sino que técnicamente no se sostiene. Que genera una enorme inseguridad jurídica puesto que los ciudadanos ahora tendrán enormes dudas de en que casos y en cuales no podrían estar vulnerando la ley.
Algo que quizá no sea un efecto secundario sino que esté premeditadamente buscado para precisamente desalentar a la ciudadanía a la hora de ejercer determinadas libertades relacionadas todas ellas con la capacidad de expresar de manera individual o colectiva su rechazo a políticas concretas o acciones determinadas de los poderes del Estado. Una ley que deja en manos de quien en nuestro Estado democrático no es el encargado de ello de determinar cuando se ha traspasado la línea roja en el ejercicio de un derecho fundamental.
Algo en que en nuestro sistema constitucional solo está encomendado a los tribunales de justicia y en última instancia al Tribunal Constitucional. Una ley innecesaria puesto que en casi 40 años de vida constitucional ya los contornos de los derechos fundamentales y su ejercicio está más que definido a través de la doctrina que se ha ido generando durante ya décadas. Una ley rechazada por todo el arco parlamentario a excepción del PP, por prestigiosos constitucionalistas e incluso por organismo internacionales que han advertido al gobierno de España sobre el carácter regresivo de la ley. Una ley que es en si misma una mala noticia cuando un gobierno tiene que promulgar una ley para defenderse de los ciudadanos.
Pero como siempre a los intentos de recortes democráticos se les debe combatir con más democracia y por eso desde el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias instaremos un debate al respecto e invitaremos al resto de grupos a sumarse a un rechazo a la ley desde el lugar en donde se encuentra representada la ciudadanía de las islas. Hagamos que Voltaire descanse tranquilo.
*diputado del PSC-PSOE en el
Parlamento de Canarias