caso horas extra

Un abogado pide que declaren unos 30 funcionarios de la capital

Alfonso Delgado. | FRAN PALLERO
Alfonso Delgado. | FRAN PALLERO

El llamado caso Horas Extra, que arrancó con una denuncia contra los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 1998 y 2005 a cuenta de los cheques cobrados por dos funcionarios, puede dar un giro singular si el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña acepta la solicitud de uno de los abogados presentes en la causa para que sean llamados a declarar todos los implicados en este tipo de pagos, que llegaron a ser frecuentes en esta etapa del consistorio.

En concreto, en el escrito del abogado en cuestión (el tinerfeño Alfonso Delgado, que defiende la inocencia de su cliente, Luz Reverón) se considera que deben ser citados tanto los jefes de servicio como todos aquellos que cobraron cheques por este sistema, lo que se calcula implicaría en la causa a unos 30 funcionarios capitalinos.

El razonamiento que sustenta la solicitud de Delgado pasa porque entiende que lo instruido hasta ahora no demuestra la acusación formulada contra Reverón, cuya actuación califica como ajustada a la legalidad y para quien pide la libre absolución.

Pero en caso de que así no fuera, Delgado considera que la investigación deberá recabar el testimonio (ya sea en calidad de imputados o de testigos) tanto de los jefes de servicio como de todos aquellos que cobraron los cheques. La estimación de que sean unos 30 pasa por la única referencia conocida: el Ayuntamiento calculó en poco más de medio centenar los cheques abonados funcionarios y trabajadores municipales por este sistema y que, según las defensas y el entonces equipo de gobierno municipal, obedecen a horas extras realizadas. Hay que tener en cuenta que es probable que la misma persona cobrase varias de esos cheques, tal y como ocurre en el caso de los dos funcionarios denunciados originariamente: los entonces secretario e interventor del ayuntamiento capitalino, Víctor Reyes y José Luis Roca Gironés respectivamente Para el letrado, los jefes de servicio deberán dar explicaciones de por qué aprobaron los pagos y quienes lo percibieron para aclarar si, efectivamente, les pagaban esas horas extra.

Cabe recordar igualmente que son tres las personas imputadas en la actualidad por un presunto delito de prevaricación: los exconcejales de Urbanismo Manuel Parejo y la ya citada Luz Reverón, más el también citado Roca Gironés ya que, en su calidad de interventor municipal, autorizó igualmente estos pagos.
También es importante recordar que los denunciantes originarios, el exconcejal José Manuel Corrales y los letrados Felipe Campos y Antonio Espinosa, señalaban a Reyes y Roca Gironés de cobrar esos cheques por realizar expedientes relacionados con la playa de Las Teresitas, la conclusión de informes que se habían acumulado y los trabajos de avance de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Tales cheques sumarían un total aproximado de unos 22.000 euros.

Curiosamente, al poco tiempo Corrales también fue acusado de cobrar indebidamente del ayuntamiento cantidades encubiertas como dietas en relación con su condición como vicepresidente de la Comisión de Quejas y Reclamaciones. Aunque la Fiscalía solicitó unificar ambos sumarios, el juzgado instructor descartó tal posibilidad.