Tres episodios de los últimos días ponen de relieve que algo se mueve en Canarias, aunque no sepamos hacia dónde. Tres episodios que afectan al núcleo de la política en Canarias y permiten valorar la actuación del nuevo Gobierno. El caso Alpidio refleja la peculiar complejidad del Sistema Electoral canario. La supresión del Impuesto General del Tráfico de Empresas, el IGTE, la nueva relación con Madrid y la suspensión del Decreto de las Viviendas Vacacionales, a los 100 días de aprobado, la ineficacia del sistema de Ordenación Turístico-Urbanístico de Canarias, que pide una urgente enmienda a la totalidad. La convergencia temporal de los tres casos, permiten ver por dónde discurre el nuevo Gobierno.
El caso Alpidio. En El Hierro de Alpidio, el poder del voto insular para el Parlamento de Canarias vale 17 veces más que el mismo voto en Tenerife o Gran Canaria. El Sistema Electoral Canario es, como todos los españoles, Proporcional con reparto por el Sistema D´Hont. El desequilibrio se produce por un doble mecanismo. Por el triple equilibrio del Pacto de Las Cañadas, que fundó el Estatuto, equilibrio Provincial 30/30, equilibrio Islas mayores Islas menores 30/30 y equilibrio de cada isla mayor con sus menores 15/15. Para aumentarlo en el 96 se modificó el Estatuto, añadiendo el doble límite del 30%por circunscripción Insular y el 6% de voto Regional, cuando los topes nacionales se mueven en el 3/5% y el de la Ley de Régimen Local en el 5%.Sólo la supresión de estos topes, evitaría que 54.000 votos de Ciudadanos tuvieran representación en el Parlamento, cuando con sólo 5000 votos hay 3 Parlamentario gomeros. Su supresión habría producido la entrada de Ciudadanos, con uno por Tenerife y otro por Gran Canaria y su pérdida por el PP y Coalición Canaria y un tercero para Unidos, con pérdida de Nueva Canaria. Otro problema Electoral, por fallo del Constitucional el voto en España es de la persona y no del Partido, la legislación antitránsfuga tiene por ello sus límites legales. Los pactos en cascada pueden tener sentido a nivel del Parlamento, hacia abajo se diluyen. Alpidio no debió de dar el golpe de mano sin poder fáctico. Cuando se tiene, las reglas se acomodan al problema a resolver.
El caso del IGTE. Previo a él la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones, que penaliza sobre todo a las clases medias bajas y establece una competencia fiscal entre autonomías. Para una vez que bajan un impuesto, más de un ilustrado queriendo hacer con él un impuesto progresivo, cuando se trata de un impuesto indirecto. Felicidades al Gobierno. Lo contrario que con el IGTE, Impuesto General de Tráfico de Empresas, fósil fiscal del 93, cuando se suprimió con la entrada en Europa y la puesta en marcha del IVA, el IGIC en Canarias. Se suprimió hace 23 años, Madrid lo ha seguido cobrando detraído del IGIC y ahora lo condona preparando los nuevos tiempos electorales. Lo justifica Montoro, como compensación a la inversión estatal en Canarias. Por ello su finalidad debiera estar bien dirigida a bajar el IGIC, que subió en el 2012 en Canarias justificada en el déficit inversor estatal, o en su defecto aplicarla a inversión pública. El drama canario reside en que el IGIC ya está repartido y su destino mayoritario será el gasto corriente, al diluirse entre la Autonomía, los siete cabildos y los 88 municipios.
El caso de las viviendas vacacionales. A los 100 días de aprobado el Decreto, el Gobierno lo suspende, caso único en la historia de la Autonomía. Este Decreto es el final de una etapa de Gobierno, alejada de la realidad y que enfrentó en el relevo al sector intervencionista de Paulino, con el más liberal de Clavijo. Sin la actuación de la CNMC, Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, los tiempos no habrían sido los mismos, pero si los resultados. Conceptual y Técnicamente el decreto es inmantenible y además impide recaudar los 70 M€ previstos con el nuevo IGIC. En concepto no puede hacerse una Norma para dejar fuera de la Ley al 90% del objeto que regula y técnicamente cualquier Normativa está obligada a regular las categorías de forma estanca. El decreto diluye sus límites con la Ley de Arrendamientos Urbanos y además sobrepasa la capacidad Normativa de la Autonomía, en contra de la legislación de Unidad de Mercado. Sin claridad y Simplificación no hay Seguridad Jurídica. El Decreto Vacacional, no es tampoco consciente que Internet está cambiando la realidad de muchos negocios. El de la Vivienda Vacacional en claro ascenso, deja el 100% del negocio en Canarias y se diluye socialmente en las 54.000 viviendas que se ofertan.
*Arquitecto y Urbanista