caso Varadero

El arquitecto Luengo y técnicos de la Cotmac desmontan la defensa

Alberto Luengo Barreto, arquitecto del proyecto de urbanización El Varadero, durante su declaración. / NORCHI
Alberto Luengo Barreto, arquitecto del proyecto de urbanización El Varadero, durante su declaración. / NORCHI

La segunda y última sesión, a falta de las conclusiones del viernes, del juicio por el caso Varadero, en la que declararon durante más de diez horas una veintena de testigos, resultó demoledora para la defensa de los siete acusados, sobre todo aquellas que protagonizaron el arquitecto del proyecto Alberto Luengo y el exdirector de Urbanismo de la Cotmac, Rafael Castellano.

Las declaraciones del arquitecto del proyecto que se iba a realizar en la ladera más cercana a la costa entre Barranco Hondo y Tabaiba, lejos de defender las tesis de su cliente, el constructor Amador Díaz, las puso en entredicho, de tal guisa que desveló la connivencia de éste con el anterior alcalde de El Rosario, Macario Benítez, al afirmar que ambos habían acudido a la reunión de la ponencia técnica de la Cotmac, con el ánimo de levantar tres reparos. Incluso, aseguró que la aprobación del proyecto, en el pleno del 29 de junio de 2004, por silencio positivo administrativo, había sido consensuada entre ambos, tras el informe jurídico de Martín Orozco. Estas declaraciones fueron en contra de los manifestado con anterioridad por Macario Benítez o el promotor de 1.000 viviendas en una extensión de más de trescientos mil metros cuadrados (en torno al 80% de El Varadero), que el constructor candelariero compró en 1998 por seis millones de euros, “con una hipoteca que me dio el banco gracias a que los terrenos eran urbanizables”, manifestó en su declaración ante la jueza Beatriz Méndez Concepción.

Dentro de la amplia y aclaratoria declaración de Alberto Luengo, éste aseguró, en contra de lo que dijo Amador Díaz con anterioridad, que la idea del promotor era la de construir un hotel en la zona y no solo viviendas como aseguró, algo que se cambió después por apartamentos y bungalows porque la Ley de Moratoria así lo obligaba, dejando alguna perla como que “Canarias es el territorio del planeta Tierra con más legislación urbanística”, reconociendo que la entrada en vigor del PIOT el 20 de octubre de 2002 fue decisiva porque “estamos aquí hoy por ese conflicto que no supimos resolver con el PIOT”, dejando claro que “el retraso de la arquitecta municipal nos mató”, en referencia a los siete reparos que le puso al proyecto a lo largo de más de un año, tanto que reconoció reuniones entre su cliente y el alcalde para tratar de superar las trabas de la técnica, que finalmente en 2003, un año antes de que se aprobara en pleno el Plan Parcial de Varadero, fue cesada de sus funciones.

Castellano
Si clarificadora fue la declaración de Alberto Luengo, no lo fue menos la que se produjo, tras un receso de media hora después de seis horas de sesión, de Rafael Castellano, el que fuera director de Urbanismo de la Cotmac en 2002, quien, por si había alguna duda, expuso la motivación del fax que se envió desde el Ayuntamiento el 27 de noviembre: “Si los informes de la Cotmac hubieran sido favorables, el Ayuntamiento no habría pedido en ese fax dejarlo encima de la mesa”, admitiendo, en contra de la opinión de los letrados de la defensa, “el Plan Parcial de Varadero no se trató en la ponencia técnica a petición municipal y el procedimiento quedó paralizado”.

Hay que recordar que aquel fax, redactado según Macario Benítez por la secretaria (no aclaró si la municipal o la particular), decía literalmente “solicito la paralización del expediente con el objeto de efectuar un análisis más profundo entre las distintas administraciones”.

De igual manera, la declaración de la técnico del Gobierno de Canarias, Marta María Pérez, confirmó la presencia del alcalde de El Rosario en la Cotmac el día que se trataba la ponencia técnica, “porque yo le ví”, espetó, con el objeto “de parar el plan de Varadero, porque conocía los tres reparos que tenía sobre él”, indicó ante el abatimiento ya casi generalizado de la defensa.

La sesión de ayer comenzó con la declaración de los otros concejales socialistas que aprobaron el plan en el pleno del 27 de junio de 2004: Ana Hernández Márquez, Evelio Hernández, Eugenio Marrero, Raquel Delgado, Juan Delgado y Esteban Acosta, que no tienen la consideración de acusados por entender la Fiscalía que no tenían “conocimiento suficiente de lo tratado”, siendo destacada la declaración de Esteban Acosta, concejal de Medio Ambiente entonces: “Igual estaba en otro mundo, pero no recuerdo; a mi me decían que tenía que votar y voté”.

Escolástico Gil, actual alcalde, durante su declaración. / S. MÉNDEZ
Escolástico Gil, actual alcalde, durante su declaración. / S. MÉNDEZ

Gil: “Hasta en siete plenos advertimos de la ilegalidad”

A pesar del interés del letrado de la secretaria municipal, Juan López Montero, por dejar claro que la querella interpuesta por IR-Verdes fue posterior a la anulación del Plan Parcial de Varadero por el TSJC en 2007, Escolástico Gil y Jacinto Correa, los concejales de IR-Verdes que ese año llevaron a la Fiscalía el caso Varadero, se mantuvieron firmes en aclarar que “fuimos a la Fiscalía porque las sentencias seguían cayendo una tras otra y el grupo de gobierno no daba cuenta en los plenos”, recordando además el que hoy es alcalde de El Rosario que “tras conocer el plan en la comisión informativa del pleno de junio de 2004 nos sorprendidos y fuimos a un letrado que nos dijo que era un disparate, que había que votar en contra” y posteriormente “fuimos al Contencioso Administrativo”, comentó Escolástico, mientras López Montero intentaba averiguar cómo pudo conseguir los informes negativos que no se encuentran en el expediente municipal. Escolástico Gil insistió en que hasta en siete plenos diferentes advirtió de la ilegalidad del plan, mientras Ana Lupe Mora le contestaba que era “un encantador de serpientes, que la política y los vecinos les pondrán en su sitio”.