El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha declarado competente para investigar las actividades de la red de sobornos a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones desarticulada con el ‘caso Madeja’, que instruyó la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla Mercedes Alaya.

En un auto hecho público este miércoles, el magistrado acepta la inhibición de la causa, que fue remitida en julio pasado por la juez sustituta María Núñez Bolaños, y asume estas diligencias, en las que están imputadas un total de 96 personas, entre las que se encuentran funcionarios de 14 administraciones públicas como el Ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias y varias diputaciones y ayuntamientos.

De la Mata señala en su resolución que la trama, configurada en torno a la empresa de servicios medioambientales Fitonovo, desarrolló “una actividad planificada” para adjudicarse contratos públicos por “medios fraudulentos”, entre los que se encontraba el de “conformar una red de contactos con funcionarios corruptos”.

De igual modo, la compañía creó “una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos”, que se calculan en 4,3 millones de euros entre 1995 y 2013.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 asume la instrucción del procedimiento al entender que las actividades investigadas tuvieron una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional” y provocaron “un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

“ORGANIZACIÓN CRIMINAL”

La red estaba encanbezada por el director de Fitonovo hasta 2011, Rafael González Palomo; su hijo, José Antonio González Baró, que asumió el cargo a partir de esa fecha; el adjunto de ambos, Ángel Manuel Macedo; y el director comercial Juan Andrés Brugueras. Los cuatro constituyeron “una organización criminal” dedicada a conseguir adjudicaciones a cambio del reparto de “dádivas” en forma de dinero y regalos como móviles, caballos, ordenadores, coches, viajes o la reforma de viviendas.

Entre los cargos públicos imputados se encuentran varios antiguos cargos del Ayuntamiento de Sevilla como el dirigente de Izquierda Unida (IU) Antonio Miguel Ruiz Carmona, que habría recibido 155.000 euros para la formación –70.000 de ellos en una caja de zapatos– a cambio de la instalación de césped artificial en once campos de fútbol en la ciudad. También están imputados los exportavoces municipales de la coalición en la ciudad Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García.

También se investiga al exconcejal de Vía Pública de la capital hispalense Manuel Gómez Lobo (PSOE), que pidió como compensación a una adjudicación la remodelación de la sede del partido en el distrito de La Macarena; a los exalcaldes de Algeciras (Cádiz) Tomás Herrera y Diego Tomás Sánchez, también socialistas, y al teniente de alcalde de La Carolina (Jaén) Cristóbal Pérez Martínez (PP).

Los funcionarios imputados trabajaban en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Las Palmas, los Ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina, y las Gerencias de ADIF en Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

“DAÑO AL INTERÉS PÚBLICO”

Según el juez, Fitonovo se habría hecho con contratos públicos usando “medios ilícitos y causando un grave daño al interés público al pervertir “numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios”. Además, causaron “un grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública”.

Los hechos serían constitutivos indiciariamente de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con “carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos”.