El Gobierno de España formalizó ayer los criterios de distribución de un total de 141.026.220,16 euros entre las comunidades autónomas para financiar los ciclos de Formación Profesional Básica (FP Básica) y de los nuevos itinerarios en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y que fueron aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, y que supondrán para Canarias más de 6,7 millones.
Así anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde precisó que, mediante este acuerdo “se formalizan los criterios de distribución, acordados en la Conferencia Sectorial de Educación del 30 de junio de 2014, y los compromisos financieros resultantes de los créditos para el año 2015 para financiar, fundamentalmente, los nuevos ciclos de la FP Básica, pero también algunos itinerarios en ESO por ese importe”. “Buena parte está co-financiado por el Fondo Social Europeo”, remachó la vicepresidenta española. En concreto, las regiones recibirán las siguientes partidas: Andalucía (27.926.352,20 euros); Aragón (3.858.706,74 euros); Asturias (1.277.035,86 euros); Baleares (3.541.219,96 euros); Canarias (6.782.911,81 euros); Cantabria (1.773.217,29 euros); Castilla y León (9.040.787,99 euros); Castilla-La Mancha (9.443.513,54 euros); Cataluña (13.096.561,07 euros); Comunidad Valenciana (17.501.865,12 euros); Extremadura (4.511.274,41 euros); Galicia (7.244.884,73 euros); Madrid (17.276.620,36 euros); Murcia (6.838.520,26 euros); Navarra (1.804.688,19 euros); País Vasco (7.420.607,67 euros); y La Rioja (1.687.452,96 euros).
A JUSTIFICAR
El pago se produce una vez que las distintas comunidades autónomas justifiquen la implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica y de nuevos itinerarios en Educación Secundaria Obligatoria en sus respectivas regiones.
Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, confirmó el pago de los referidos 141 millones y destacó que con ese dinero hay más dinero para contratar profesores y mejorar la calidad del sistema educativo, a la par que supone un avance en la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, más conocida en toda España por sus iniciales: LOMCE.