Después de más de dos años de tramitaciones, la antigua fábrica de Celgán, ubicada en el santacrucero barrio de Tío Pino, quedará por fin derribada por completo a lo largo de esta semana, según anunció ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Carlos Garcinuño, en el marco de una visita al inmueble. Aquí concretó que los trabajos de demolición comenzaron el pasado viernes, después de haber obtenido ya la autorización pendiente del Gobierno de Canarias por la presencia de amianto en la estructura, una sustancia tóxica que es “cancerígena por inhalación”, lo que conlleva una gestión y tratamiento especial, según específico el director de la obra, Humberto Hernández.
Cabe recordar que solo se derribará la parte que en enero de 2013 se vio afectada por el derrumbe del patio central de lo que en su momento fue la fábrica de yogures Celgán. En noviembre del año pasado volvió a desprenderse parte de la techumbre interior. La inspección de los técnicos municipales concluyó que la parte en la que se había producido la caída del patio interior debía ser demolida en su totalidad, mientras que el resto podía seguir en pie. La falta de respuesta de la propiedad propició la ejecución subsidiaria. Las maquinas excavadoras comenzaron a trabajar el pasado viernes y ayer se derribó ya la planta superior. “La demolición es relativamente sencilla, lo único es que el procedimiento no es el mismo que si no hubiera habido fibrocemento (amianto) porque hay que demolerlo con cuidado para que se queden en pie los pilares de fibrocemento y que la gestión del residuo sea más sencilla”, explicó Hernández. En concreto, estos pilares se han pintado de rojo para poder identificarlos cuando se derriben, ya que “hay que recogerlos casi pieza a pieza”. Tras el derribo del edificio a lo largo de lo que queda de esta semana, se procederá a retirar los escombros y llevarlos a los gestores correspondientes, por lo que previsión es que, en unas dos semanas más, el espacio quede ya completamente llano y despejado.
Los trabajos han supuesto una inversión municipal en torno a los 260.000 euros y “se ha hecho registro de la cuantía en el registro de la propiedad para intentar cobrarlo, evidentemente”, a la empresa propietaria y responsable de la parcela. La empresa también tiene en su haber un expediente sancionador por cerca de 150.000 euros por dejadez de sus funciones en el mantenimiento del inmueble.
“Ha sido un proceso largo y que estamos haciendo con autorización judicial, como no puede ser de otra forma al tratarse de una propiedad privada -indicó el concejal en cuanto a la demora del inicio de la actuación-. Hay una parte judicial y un proceso administrativo que no podemos saltarnos, y hay también un proceso de contratación de la obra y de la aprobación de la demolición del fibrocemento que requería la autorización del Gobierno de Canarias, pero una vez obtenida la autorización hemos actuado inmediatamente”.
En cuanto al uso futuro de este espacio, Garcinuño señaló que “depende del planeamiento”, así como que “ahora mismo no procede a Urbanismo su desarrollo urbanístico, sino que es cuestión de los propietarios”.
A comienzos de mes se fueron las dos últimas personas que residían en este inmueble abandonado. En concreto, desde el Consistorio indicaron que en los últimos años se han atendido a unas 30 personas que vivían en este espacio, que fueron derivadas a los Servicios Sociales o se les ofreció soluciones como el albergue, recursos especializados, pisos tutelados o viviendas de alquiler social.