tribuna

Cuando las apariencias no engañan

La presentación por parte del Partido Popular de dos escritos, oponiéndose a la recusación de los ex vocales del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López y Concepción Espejel, como jueces del caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, es una nueva estulticia que añadir a las muchas cometidas por el partido en estos temas. Y lo es, sobre todo, porque pone en evidencia, ante una sociedad harta de tejemanejes en asuntos de corrupción, los desesperados intentos del PP por encontrar amistad y buen trato en unos juicios en los que está inmerso de hoz y coz. Más estulticia aun, si cabe, teniendo en cuenta los procelosos tiempos que atravesamos, con unas muy próximas y dramáticas elecciones catalanas, seguidas de unas legislativas en las que el Partido Popular se juega el ser o no ser. ¿No es consciente el PP y, sobre todo, su presidente, Mariano Rajoy, de la enorme factura que la corrupción le pasó en las pasadas elecciones municipales y autonómicas? Pues parece que no.

Y lo mas chusco de todo este despropósito es el cierre de los escritos con que se trata de justificar la defensa numantina de los magistrados López y Espejel, asegurando que a pesar de la oposición a las recusaciones, no tienen ningún interés particular en quien compondrá el tribunal. De traca; no solo cometen un enorme error de imagen si no que, como suelen hacer, toman a los ciudadanos por tontos de capirote.

La recusación de López y Espejel como ponente y presidenta del tribunal del caso Gürtel se debe a la consideración de dos acusaciones de que su presencia en el juicio alteraría el principio básico del derecho: el derecho a un juez imparcial, que se extiende incluso a la apariencia de imparcialidad. Veamos.

Ambos magistrados fueron propuestos por el PP como miembros del órgano de gobierno de los jueces. López participó como ponente en 54 cursos de la fundación FAES, vinculada al PP, percibiendo por ello más de 11.000 euros. El PP retrasó deliberadamente la designación de un puesto vacante en el Tribunal Constitucional hasta que el magistrado cumplió con el requisito de antigüedad como jurista que le había excluido para el puesto. Y como colofón, el PP, concretamente su Secretaria General, María Dolores de Cospedal, le impuso a Concepción Espejel la más alta distinción en justicia: la cruz de San Raimundo de Peñafort.

En fin, evidentes dudas sobre la apariencia de imparcialidad que, dicho sea de paso, comparte la fiscalía anticorrupción. ¿No habría sido mejor para el PP dejarse de escritos? ¿No habría sido más beneficioso para sus intereses como partido recomendar a sus amigos magistrados, públicamente, que renunciasen `motu proprio”, dejando así constancia ante el electorado de sus ansias de justicia independiente y de su tranquilidad ante los juicios venideros?

Porque, está claro que, en este caso, las apariencias no engañan a nadie.