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Cuarenta millones necesarios

Pedro Ortega, José Miguel Ruano y Fernando Clavijo (CC) rodean a Patricia Hernández (PSOE), ayer. | S. MÉNDEZ
Pedro Ortega, José Miguel Ruano y Fernando Clavijo (CC) rodean a Patricia Hernández (PSOE), ayer. | S. MÉNDEZ

Prácticamente, cuarenta son los millones de euros que la Comunidad Autónoma de Canarias empleará para ponerse al día en tres temas de considerable impacto social: devolver a los funcionarios lo que el Gobierno de España les quitó en 2012, acabar con los retrasos en los pagos de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y, de paso, también los relacionados con la llamada ley de dependencia.

El anuncio fue realizado ayer en el Parlamento de Canarias por la nueva consejera de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Rosa Dávila, y viene a confirmar lo ya adelantado en este periódico por consejeros como el de Presidencia, Aarón Afonso, y la de Políticas Sociales, Patricia Hernández.

La fórmula es una vieja conocida de los distintos gobiernos regionales, que han abusado del crédito extraordinario durante varias legislaturas a pesar de las continuas recomendaciones de la Audiencia de Cuentas para que se evitase en lo posible. En esta ocasión, el corsé impuesto desde la Administración General del Estado y la urgencia social obligan a recurrir al mismo, lo que retrasará los pagos al mes de diciembre próximo.

La paga de los funcionarios
Es, con diferencia, la mayor partida de este crédito extraordinario, al punto que tres de cada cuatro euros de esos 39,9 millones citados ayer por Dávila serán para anular el recorte impuesto desde Madrid, que optó por suprimir la paga extra de la Navidad de 2012 a los funcionarios en un contexto económico marcado por los agobios que España sufría para cumplir con el objetivo de déficit marcado.

El Gobierno de Canarias, que ya el año pasado consignó 28 millones para devolver esa paga extraordinaria, se ve obligado a tramitar este crédito a través del Parlamento como consecuencia de uno de los fracasos más sonados de la clase política de las Islas desde el retorno de la democracia, ya que las fuerzas políticas con representación parlamentaria (CC, PSOE y PP) no lograron ponerse de acuerdo para impulsar un nuevo Estatuto de Autonomía, conocidos como de segunda generación.

Ello se debe a que en los mismos sí que se permite a un Ejecutivo regional tramitar este tipo de medidas con un decreto ley, a imagen y semejanza de lo que hace el Gobierno central.

Mayor dificultad tendrá Canarias para las cantidades que resulten pendientes para 2016 por esta causa. Dos son los obstáculos: la aplicación de la llamada regla de gasto y la nueva limitación en la capacidad para endeudarse. Precisamente ayer la también vicepresidenta autonómica pidió al Estado que reponga “en su totalidad” las partidas presupuestarias del llamado Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y que modifique la citada regla de gasto para que la Comunidad Autónoma pueda “hacer frente a los problemas de la ciudadanía”, tal y como recoge Europa Press.

En respuesta a una pregunta de la diputada Josefa Luzardo (PP), la vicepresidenta acusó al Partido Popular de haber “impedido” que el Gobierno canario pueda disponer del presupuesto suficiente para desempeñar su trabajo “por y para los canarios”.

Es menester recordar que la partida presupuestaria del PIEC en 2014, el año en que fue suprimida desde Madrid, llegó a alcanzar los 42 millones de euros, una cantidad que los actuales responsables de las áreas sociales gubernamentales ansían recuperar.

Lo más curioso de todo el asunto es que, según el propio Ministerio de Trabajo, Canarias es la comunidad que mejor nota obtuvo en la evaluación que realizó el departamento que dirige Fátima Báñez sobre el grado de cumplimiento que tuvo el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) de 2014 por parte de las comunidades autónomas.

RETRASOS DE LA PCI
Las demoras obedecen fundamentalmente a las nuevas solicitudes y a las prórrogas de las mismas, y la cantidad de unos millones y medio que se reservan a tal fin aspira igualmente a terminar el año sin mayores problemas para hacer frente a una partida que arrastra demoras desde prácticamente su creación, allá por 2007.

Como ya se publicó en su día, el objetivo de este Gobierno regional es precisamente acabar con esa mala cadencia presupuestaria en los pagos de la PCI, al punto que se espera contar con unos 40 millones en los de 2016 para que no se repita la situación actual y tales fondos cumplan la totalidad del ejercicio.
Hernández también pidió ayer en el Parlamento autonómico más respaldo desde el Gobierno central para subir las cuantías actuales de la PCI, una ayuda que, como su propio nombre indica, no pretende ser una subvención sino un instrumento que permita al beneficiado superar la crisis económica que le ha llevado a recurrir de la misma.

PLAN DE CHOQUE
La tercera partida es para la aplicación de la dependencia. Cerca de dos millones y medio de euros como primera medida para agilizar una lista de espera que llega a unos 12.000 pendientes aún de valoración.
Todo ello forma parte de un plan de choque que prepara el Ejecutivo regional en su afán de sacar de la cola a Canarias en aplicación de esta ley y que, entre otras medidas, pretende ajustar las estadísticas a la realidad.