el rosario > conclusiones del juicio por el caso varadero

La defensa insiste en la absolución por falta de pruebas contundentes

Las conclusiones de la acusación y la defensa, durante cinco horas, puso ayer fin al juicio. | NORCHI
Las conclusiones de la acusación y la defensa, durante cinco horas, puso ayer fin al juicio. | NORCHI

Visto para sentencia. El juicio del llamado caso Varadero concluyó ayer después de veinte horas durante tres días de declaraciones y conclusiones ante la jueza Beatriz Méndez Concepción, que dictará sentencia presumiblemente antes de final de año.

El caso Varadero juzgó al exalcalde y exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de El Rosario, Macario Benítez y Ana Lupe Mora; a la secretaria municipal, María Anita Alonso, y a cuatro exconcejales socialistas de 2004, Abel Acosta, Andrés Hernández, Laurentino Quintana y Elba Delgado, por el presunto delito de prevaricación urbanística, tras la aprobación del Plan Parcial de Varadero en el pleno municipal del 29 de junio de 2004. Un proyecto de 1.000 viviendas residenciales -apartamentos y bungalows, inicialmente- sobre una extensión de 300.000 metros cuadrados en una ladera que va desde la autopista TF-1 hasta la costa, entre Tabaiba y Barranco Hondo, que el 20 de octubre de 2002 fue considerada de protección 1 medioambiental por el PIOT, pasando de suelo urbanizable (desde 1991) a suelo rústico, aunque cuando el promotor Amador Díaz presentó el proyecto en el Ayuntamiento (mayo de 2001), ni el PIOT ni la Ley 06/2001 de la Moratoria Turística estaba en vigor, a lo que se han agarrado los tres letrados de los acusados para llevar su defensa, aunque sabedores de las ilegalidades cometidas en la tramitación del expediente, aprobado en junio de 2004 por silencio administrativo, pero echado abajo posteriormente por la Cotmac y definitivamente por la sentencia del TSJC de julio de 2007, pese a lo cual el alcalde, Macario Benítez, como dijo en este mismo periódico, seguía adelante con la idea de urbanizar Varadero, lo que motivó, pese a la ratificación de la sentencia por el Supremo, que el hoy alcalde y entonces líder de la oposición, Escolástico Gil, presentara una querella contra los siete acusados que el Ministerio Fiscal hizo suya.

Durante el primer día los acusados defendieron lógicamente su inocencia, mientras que en el segundo, la declaración de los 19 testigos dejó una evidencia de contradicciones pero también la certeza de que los responsables del Ayuntamiento de El Rosario, conocían los reparos de la Cotmac al proyecto y trataron de ganar tiempo con componendas con otras administraciones supramunicipales, como Cabildo y Gobierno, que incluso llegaron a aprobar el PGO en 2006 con el ilegal Plan Parcial de Varadero incluido, por eso los letrados de la defensa, en el día de las conclusiones, se preguntaban “por qué no están entre los acusados los representantes del Gobierno de Canarias y del Cabildo”.

La postura de estas dos administraciones durante todo el proceso, desde 2002 hasta 2007 fue puesto en duda también por el fiscal y Pedro Fernández Arcila, pese a lo cual mantuvieron la acusación. Rafael Ruiz pide ocho años de inhabilitación para cargo público para Macario Benítez, Anita Alonso y Ana Lupe Mora, mientras que la Acusación Particular pide dos años más, al igual que para los cuatro exconcejales.

Juan Carlos Hernández Cruz, abogado del exalcalde y los cuatro exconcejales, pidió la libre absolución al no existir “esa ilegalidad escandalosa o grosera para que llegue a prevaricación” e incluso pidió el pago de las costas a los cuatro exediles, por considerar que “en modo alguno tenían conocimiento urbanístico”. Esteban Sola, letrado de Ana Lupe Mora y Juan Francisco López Montero, de Anita Alonso, consideraron que en la actuación de sus defendidos pudo haber “algún error administrativo” y recurrieron a la jurisprudencia para manifestar que “no hay una prueba de cargo, todo son conjeturas y suposiciones”, señaló López Montero, antes del visto para sentencia de la jueza.