tribuna

Derecho a una vivienda digna

La crisis que ha azotado con virulencia a estas islas, como tantas otras muchas cosas negativas ha hecho especial estrago en los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas mostrando su cara más dramática en los desahucios y en el sobreendeudamiento de muchísimas familias.En La Laguna, teníamos claro que debíamos combatir esta dura realidad de la manera que fuese, pero buscando una pronta solución a las familias que en esta situación desfavorable no pueden asumir los costes de alquileres de viviendas públicas. En ese sentido, dentro de nuestras competencias y de la mano del Instituto Canario de la Vivienda hemos acordado analizar de manera particular estos casos.

El acuerdo, entre ambas administraciones, que es fruto del trabajo iniciado hace casi dos meses, incluye estudiar particularmente cada uno de los casos de las familias que tengan dificultades para afrontar los pagos de esos alquileres, y hacer las gestiones oportunas para detener procesos que puedan culminar en desahucios. Según la Fecam, La Laguna ha sido la primera administración en responder a este convenio a través de su área de Bienestar Social y en coordinación con las empresas públicas de vivienda municipal (MUVISA) y del Gobierno de Canarias (VISOCAN).

En el caso de La Laguna, el parque público de viviendas en alquiler es de algo más de mil, de los que la mayoría corresponden a alquileres de tipo social que no superan el 12% de los ingresos de la unidad familiar, lo que justifica aún más nuestro objetivo. El acuerdo que firmó el Ayuntamiento que presido también incluye el análisis del estado de los edificios en los que viven las familias en régimen de alquiler para establecer un plan de acción con mejoras, allí donde sea necesario realizarlas, para que nadie tenga que pasar por situaciones difíciles de asumir.

La Laguna es solidaria y consciente de que sus ciudadanos y ciudadanas que peor lo están pasando tienen el derecho a una vivienda digna. Han sido muchos años de trabajo para lograr que el municipio disponga de centenares de viviendas que, de diferente forma, han contribuido a paliar en parte la necesidad que en esta materia existía. No podemos permitirnos, en el campo de los derechos sociales, dar ni un paso atrás. Este es uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía que se han visto vulnerados, lamentablemente, por una situación social y económica que ha supuesto, en muchos casos, un retroceso en los avances conseguidos en nuestra democracia, lo que ha dejado a los ayuntamientos en una situación difícil. Por eso es fundamental este acuerdo que hemos suscrito, porque permite conocer a la administración local, de primera mano, los casos más urgentes y en lo que es más necesaria la intervención y darles solución de manera justa e inmediata; y porque es nuestro objetivo que esta administración mire de frente a los problemas de la ciudadanía, afronte las necesidades que surgen y sea capaz de coordinar, con otras instituciones, respuestas que estén a la altura de lo que se espera de nosotros, con sinceridad y dejando a un lado promesas que son inasumibles, adoptando decisiones, como esta, coherentes y realistas.

ALCALDE DE LA LAGUNA