Análisis

Elecciones con efectos políticos pero no jurídicos

Llegó por fin la tan esperada cita con las urnas que los independentistas catalanes aguardan como agua de mayo. De obtener la mayoría de escaños en el Parlamento autonómico -la de votos se considera bastante improbable-, la ‘hoja de ruta’ de los distintos grupos que apoyan la secesión contempla un plazo de 18 meses para llegar a la “desconexión” con España. Y si el Gobierno central no se aviene a negociar, la cámara legislativa proclamaría unilateralmente la independencia del Principado.

Hasta aquí, el cuento de hadas, el imaginario ritual de quienes ven todo de color de rosa. Pero la realidad es bien distinta y ni el actual Gobierno, ni el que salga de las elecciones generales de diciembre, ni cualquiera que pueda formarse en el futuro, sea cual fuere su color ideológico, me atrevo a decir que consentirá ninguna proclamación de independencia. Los soberanistas catalanes ya lo han intentado en cuatro ocasiones y todas ellas acabaron como el rosario de la aurora, porque venían precedidas de insalvables vicios de ilegitimidad e ilegalidad, como ahora. Con una diferencia: esta vez el Estado dispone de más y mejores herramientas jurídicas para hacer cumplir la ley, sin necesidad de recurrir a la fuerza, como en el año 34.

No habrá independencia. Todos los expertos se muestran de acuerdo en que, siendo legítimas las elecciones autonómicas convocadas para hoy, el Gobierno de la Generalitat se ha saltado la legalidad vigente al otorgar a los comicios un carácter plebiscitario que desafía el orden constitucional. Con buen criterio, el Gobierno del Estado no había permitido antes la celebración de una consulta o referéndum legal sobre la posible independencia del Principado porque lo impide la vigente Carta Magna; además, los partidarios de la segregación se niegan a aceptar las normas vigentes del Estado de Derecho, base del juego democrático.

Pero no va a producirse ninguna independencia porque no la van a permitir los ciudadanos españoles y, en su nombre, el Gobierno, con la sola aplicación de la ley. Tampoco se producirá porque no la reconocería ningún Estado, ni ningún organismo internacional, ni ninguna fuente de Derecho, mientras se trate de un plebiscito ilegal. Todos los tratados internacionales y los textos legales vigentes proclaman y defienden la integridad de los Estados. Lo han dicho, por activa y por pasiva, distintos dirigentes mundiales, mientras no pocas organizaciones extranjeras y españolas -muchas de ellas de inequívoco origen catalán- han advertido sobre las graves consecuencias del aventurerismo y mesianismo independentista.

En el supuesto de que triunfe la coalición Junts pel sí, como apuntan las encuestas, y llegue a formar Gobierno, seguramente se iniciará un periodo de inestabilidad política y social en Cataluña, pero también en el resto de España, además de concitarse severos efectos económicos que es posible se traduzcan en desinversiones, deslocalizaciones de empresas, crecimiento del paro, aumento de la prima de riesgo, caída de Cataluña en los ráting de deuda hasta el llamado bono basura, dificultades para el mantenimiento de los servicios públicos, posible introducción de un ’corralito financiero’, etc. Al próximo Gobierno autonómico le tocará gestionar los graves problemas actuales más los nuevos que sin duda se van a producir en un escenario movedizo. Un escenario que puede propiciar, de entrada, la desaparición de Artur Mas -a quien rechaza el 60% de los electores- del escenario político, a cuya reelección se oponen sus socios de ERC y todos los grupos a su izquierda, además del PSOE y los grupos a su derecha, y, por otro, una muy dificultosa la gestión del día a día y de las inevitables negociaciones con el Ejecutivo central.

La cuestión de fondo que se advierte en el horizonte político inmediato es la dificultad objetiva para formar un Gobierno que aporte credibilidad y permanencia cuando las fuerzas políticas reunidas en la candidatura de cabecera son tan contrapuestas y algunas de ellas, de cierta importancia, se sitúan en la extrema izquierda revolucionaria, anticapitalista, antiOTAN y antiUE y otras, de menor entidad, tienen ideas moderadas, fascistoides, neonazis y segregacionistas. ¿Cómo compaginar tamaña muestra ideológica? Salvo que surja una gran sorpresa -que eso sería la victoria de los partidos constitucionalistas-, todo apunta a la posible formación de un Gobierno de izquierdas con el apoyo de CiU.

Con absoluto desprecio a la legalidad, los irresponsables dirigentes de ERC y CiU y sus aliados independentistas han alumbrado durante los últimos tres años un escenario diabólico mediante manipulaciones, mentiras, coacciones y artimañas propias de una dictadura. Se ha silenciado a los discrepantes, descalificado a los partidarios de seguir siendo catalanes y españoles, vetado en los medios públicos de radio y televisión e insultado a quienes han tenido el coraje -como Borrell, Boadella, Savater, Carreras, Bonet y otros- de defender con argumentos rigurosos y cifras incontestables los tremendos costos de una supuesta independencia -muy superiores a los posibles beneficios- y apostar por la oportunidad de que Cataluña siga unida a España por tantas y tantas razones históricas, sentimentales, culturales, familiares, económicas, de identidad compartida, etc. Sin embargo, como apuntaba ayer mismo un colega periodístico, “los nacionalistas han logrado sembrar la confusión en el electorado gracias a una eficaz propaganda, plagada de falsedades, medias verdades y simplificaciones”. Hasta esa Cataluña abierta, liberal, corajuda, multicultural, plurilingüe y emprendedora ha sido encerrada sobre sí misma por los nacionalistas mediante un victimismo populista inventado a modo de desafío a la historia y la razón. Ni siquiera la corrupción galopante, que envuelve al nacionalismo y lo contamina de escándalos, ha conseguido amortiguar los efectos derivados de la actuación de un régimen manipulador, excluyente y responsable máximo de los males del Principado, ya que lo ha gobernado durante casi 30 años.

Este comportamiento sectario ha dividido a la sociedad catalana y creado un clima social muchas veces irrespirable al confundir unos comicios ordinarios con una consulta popular cualificada y al crear un clima pasional en el que el enemigo es siempre ‘Madriz’, falsamente acusado de aplastar los sentimientos identitarios y de perseguir la lengua propia cuando es el castellano el que institucionalmente sigue siendo ninguneado pese a las sentencias dictadas por los tribunales. Los ultranacionalistas no quieren ni siquiera esa “conllevanza” imprescindible con el resto de España a la que aludía Ortega y Gasset…Prefieren la intolerancia, la eliminación de la disidencia y del pluralismo. Sólo son buenos catalanes los que se manifiestan independentistas. Pese a declaraciones y evidencias, Mas y sus gentes niegan la salida de Cataluña de la Unión Europea y el euro, así como de cualquier organismo internacional. La única verdad, aunque sea mentira, es la de los independentistas, rodeados de un mundo de irrealidad y fantasía que idiotiza y apela a un patriotismo irredento, simplificador y huero. Todas las actuaciones del actual Gobierno catalán, todos los manifiestos de sus compañeros de viaje y todas sus declaraciones abochornan por su grado de fanatismo y desprecio hacia los adversarios ideológicos. Así será muy difícil entablar un diálogo franco y constructivo que pueda dar paso a la reforma de la Constitución y a la mejora de algunos de sus aspectos, sobre todo territoriales y competenciales.

Saben bien los soberanistas que, al margen de las cuestiones penales pendientes de dilucidar en los tribunales por la fallida consulta de autodeterminación del pasado 9 de noviembre, cualquier paso firme que se dé en las instituciones catalanas a partir de mañana que no tenga visos de legalidad será recurrido inmediatamente. Y que los tribunales se ocuparán de hacer cumplir sus resoluciones, inhabilitando y sancionando, si es preciso, a quienes incumplan las normas vigentes, por muy “irrenunciable” que sea, como afirmó Mas, la aspiración de independencia.

So pretexto de un inexistente derecho a decidir, unos políticos iluminados y mediocres tratan de imponer su particular y sesgada visión de Cataluña, saltándose el Estado de Derecho, que es el fundamento jurídico básico de la democracia. Ojalá no se cumplan sus aspiraciones y los comicios de hoy, desde el respeto al pluralismo y la diversidad, devuelvan a todos (también a quienes desde el silencio se abstienen de compromisos y pronunciamientos) ese espíritu de respeto, entendimiento y buena voluntad que acerca a las personas a los sentimientos compartidos y la convivencia civilizada.