El fiscal general de Canarias, Vicente Garrido, denunció ayer lo que considera un despilfarro de recursos, esfuerzo y tiempo que se produce en la Administración de Justicia en este Archipiélago y puso como muestra de ello el hecho de que sólo el 2,6% de los aproximadamente 300.000 asuntos penales que se tramitaron el año pasado terminaron con una sentencia por delito. Para Garrido, la causa radica en la “excesiva burocratización”.
Este alto representante de la justicia en las Islas realizó tal denuncia durante el discurso que pronunció con motivo de la celebración del año judicial en la región, en acto que tuvo lugar ayer en Las Palmas de Gran Canaria.
Para reforzar su denuncia, Garrido añadió igualmente que de esos 300.000 asuntos penales poco mas del 10 % (14,03 %) culmina con algún tipo de resolución de fondo, de los cuales sólo el 4,82 % se refiere a infracciones por delito. Para el fiscal, basta con comprobar estas cifras (recogidas en la Memoria de la Fiscalía respecto a 2014) para comprender que el conjunto del sistema “debe ser objeto de una profunda revisión”.
“Estamos ante un sistema que gestiona cerca de 300.000 asuntos al año pero que solamente se formula acusación por delito en el 4,66% de los casos, si de ese porcentaje excluimos las sentencias obtenidas por conformidad, llegamos a la conclusión de estar ante un sistema que sólo celebra un número de juicios y dicta un número de sentencias por delito que suponen apenas el 2% (2,65 %) del volumen total de asuntos gestionados”, expuso Garrido ante las autoridades presentes, entre las que se encontraban el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la secretario de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, entre otros.
Los remedios
Mas Garrido tiene algunas soluciones que ofrecer a semejante estado de la Administración de Justicia, y se encuentran en la Memoria Anual de la Fiscalía. Así, los fiscales de Canarias consideran que las cosas cambiarán si, por ejemplo, las denuncias o atestados que no ofrezcan datos sobre autor conocido no acceden (como hasta ahora) a la maquinaria judicial, sino que deberían obrar en poder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (con las suficientes garantías de control judicial o de la Fiscalía) hasta tanto las investigaciones no permitan contar con datos que justifiquen la apertura de un proceso judicial.
Otro de los remedios expuestos en dicho documento pasa porque los trámites tendentes a determinar el órgano competente no deberían generar la incoación de un procedimiento judicial en sentido estricto, sino quedar en el ámbito gubernativo, sin perjuicio de su notificación ulterior a las partes a efectos de los recursos que se estimaran convenientes. Lógicamente, ello reduciría notablemente una carga de trabajo que “nace muerta” desde el principio.
Todavía los fiscales dan dos receta más para aliviar este mal, aunque éstas son de sobras conocidas. Por un lado, los juicios de faltas han de reconducirse a la vía civil o administrativa correspondiente. Por otro, que se refuercen los juicios rápidos, para los que se pide la liberación de las limitaciones por penas, que los fiscales consideran un mero corsé.
“Con estas premisas -se detalla en el documento aludido-, la atribución de la investigación al Ministerio Fiscal, precedida de una memoria económica rigurosa, no resultaría necesariamente determinante de un aumento considerable de medios personales y materiales”.
Dilaciones
Como no podía ser de otra manera, tras la intervención de Garrido llegó el turno para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, quien lamentó el retraso en las ejecuciones de las sentencias, que no se refleja en las estadísticas judiciales, cuando el destinatario final de la justicia lo que busca es su cumplimiento, tal y como recoge Efe.
Doreste reconoció en su discurso la mejoría, aunque “pequeña”, que se ha producido en el funcionamiento de los órganos judiciales del archipiélago, donde ha descendido la tasa de resolución (1,2 %), de pendencia (8 %) y de congestión (2 %) en 2014, si bien ha aludido a las “disfunciones” y “fallos” que existen. Estas disfunciones, además de dilatar las ejecuciones de las sentencias, impiden actuar con agilidad en la designación de los jueces y magistrados que se precisan para reforzar los juzgados con más carga de trabajo y para su sustitución, subrayó Doreste.
Las normas que regulan su designación son “rígidas” y el derecho al juez predeterminado por la ley, recogido en la Constitución, “impiden una respuesta suficientemente rápida”, según Doreste, quien también ha criticado que los cambios normativos en materia judicial sobrecargan con nuevos litigios a los órganos judiciales, porque no se evalúan los medios que se precisan para llevarlos a cabo, detalló el máximo responsable del TSJC.