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IU preguntará en el Congreso por el escándalo de las listas infladas

La polémica por la aplicación de la llamada Ley de Dependencia ya supera el ámbito canario y lo hace de la mano de Izquierda Unida (IU), cuyos diputados inscriben hoy en el Congreso una pregunta parlamentaria al Gobierno que preside Mariano Rajoy al objeto de aclarar si realmente se inflaron las listas de los atendidos en las Islas.

Pero no sólo IU ha reaccionado políticamente al caso ya que, según confirman autorizadas voces del Partido Popular canario, esta formación tiene previsto igualmente solicitar la comparecencia en el Parlamento autonómico de la actual responsable de Política Social del Gobierno de Canarias, la también vicepresidenta Patricia Hernández, si bien los hechos tuvieron lugar con el anterior Ejecutivo regional.

Además, el observatorio estatal ya pidió explicaciones a nuestra comunidad autónoma por la espectacular subida en su informe del pasado mes de julio, mientras que los colegios canarios de trabajadores sociales han expresado su satisfacción por la investigación abierta por el nuevo equipo de la Consejería regional de Política Social.

Fue el coordinador insular de Izquierda Unida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, quien confirmó ayer a este periódico la iniciativa de su formación política a nivel estatal, a la par que manifestó su sorpresa por lo acaecido y su firme decisión de que los responsables den explicaciones.

Los trabajadores sociales celebran que el nuevo Gobierno investigue el caso

La iniciativa de Izquierda Unida es la primera de carácter político después de que el diputado del Común, Jerónimo Saavedra, denunciara un supuesto acuerdo entre el Gobierno de Madrid y el de Canarias para maquillar estos números. El que fuera presidente del Ejecutivo autonómico razona su tesis a que ambos se beneficiaron del espectacular aumento registrado a finales del año pasado y que, en realidad, tan solo el 5% de los más de 9.000 incorporados a las estadísticas están realmente reconocidos como dependientes por el organismo responsable, cuyo nombre oficial es Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Por un lado, la noticia supuso un respiro importante para el entonces Gobierno de Canarias, ya que la subida permitió abandonar el último puesto en aplicación de este pilar del Estado social. Además, no hay que olvidar que era año electoral. En cuanto al Gobierno de España, esos más de 9.000 permitieron evitaron un fracaso en el balance anual de beneficiarios, ya que con los mismos cerró 2014 con unos 5.000 atendidos más que en 2013, cuando en realidad eran unos 4.000 menos.

Esta flagrante diferencia entre la estadística y la realidad que ofrece el sistema ya es objeto de investigación por parte del nuevo equipo de la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias, tal y como anunció el pasado mes de agosto la nueva viceconsejera del ramo, Isabel Mesa, y reconoció con holgura en un comunicado la nueva directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez.

Lo qué pregunta
Así se tramita: IU hace uso de uno de los elementos de control a la acción al Gobierno previstos en nuestro ordenamiento jurídico. El Ejecutivo que preside Rajoy tiene obligación de responder, en este caso por escrito, y no suele demorarse más allá de un mes. Este mecanismo implica que quien pregunta hace una breve exposición (IU se hace eco de la denuncia de Jerónimo Saavedra que publicó DIARIO DE AVISOS) para a continuación realizar una batería de preguntas que se reproducen a continuación:

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para depurar responsabilidades por el falseamiento de las cifras de dependientes canarios en 2014?

¿En qué consistió el acuerdo entre el Ejecutivo autonómico canario y el Gobierno central para falsear el número de personas incorporadas al sistema nacional de dependencia en 2014?

¿Cuáles son las cifras reales de personas incorporadas al sistema nacional de dependencia en 2013 y en 2014, tanto en Canarias como en el Estado?

¿Qué efectos tendrá el falseamiento de los datos sobre los recursos estatales para dependencia que aportará el Estado a Canarias?

¿Qué hará el Gobierno para que no se vuelva a producir una situación como la descrita?