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Josefa Hernández

Será siempre “la abuela de Fuerteventura” y su caso entrará en los anales por la comprensión y apoyo que despertó en la gente del común, instituciones y partidos de todo signo. Josefa Hernández (1953) abandonó el penal lanzaroteño de Tahiche, tres días después de su ingreso, por un auto de la Audiencia de Las Palmas que, por segunda vez, dejó en suspenso su condena, horas antes de que el Consejo de Ministros, tal como anunció Mariano Rajoy, aprobara su indulto, reclamado por fuerzas políticas, entidades sociales y culturales y ciudadanos. Los antecedentes se sitúan en 2012, cuando el Juzgado de lo Penal 2 de Puerto del Rosario la juzgó y sentenció por el delito de construcción ilegal a una multa de setecientos euros, el derribo de la ampliación de una vivienda dentro del Parque Rural de Betancuria y la pena de medio año de reclusión que, inicialmente, fue suspendida. En tiempo y forma, Josefa satisfizo la sanción económica, pero no demolió las obras que afectan a un paraje protegido porque, según declaró y declara, le son imprescindibles, “porque no dispone de otro techo para albergar a la familia que tiene a su cargo: dos hijos, uno en paro y otra discapacitada, y tres nietos menores”; ante su reiterada negativa, la primera instancia judicial ordenó su entrada en prisión que, tras aplazarse por un problema de salud, se hizo efectiva el lunes 24 de agosto. La presión ciudadana aumentó y todas las organizaciones partidarias coincidieron, por primera vez en muchos años, en criticar el excesivo rigor de la pena – frente a la laxitud en el control de las infracciones urbanísticas y la benevolencia de las sanciones en procedimientos de esa naturaleza – y en la necesidad de una solución para esta familia majorera, en la cresta de la fama por un affaire desgraciado. La actuación de la Audiencia provincial fue, de alguna manera, salomónica: suspendió la prisión, le concedió un plazo de seis meses para la eliminación de las obras ilegales y le exigió que no cometiera delitos en los próximos cinco años. En el mismo espíritu, el ejecutivo la indultó e instó al gobierno autónomo dar solución habitacional al problema. A la alegría de la garrida sexagenaria, y de quienes la animaron en sus peores días, debe sumarse con urgencia la solución de una vivienda digna porque, en el episodio cotidiano que traemos a la columna, se puede cumplir con la ley, que nos obliga a todos y, además, atender al mandamiento democrático de la solidaridad con quienes la necesitan.