Las lágrimas derramadas, durante un receso de cinco minutos, por María Anita Alonso, secretaria municipal del Ayuntamiento de El Rosario desde 1989, son un fiel reflejo de la tensión que tuvo que vivir durante el interrogatorio a la que fue sometida durante más de dos horas por sus colegas juristas.
La secretaria municipal era la tercera de las intervinientes en la primera jornada del juicio por el llamado caso Varadero, después de que comenzara declarando el exalcalde Macario Benítez (1983-2015), aunque solo ante su abogado Juan Carlos Hernández Cruz -el mismo de otros cuatro exediles, que también están acusados, aunque no por el fiscal- y la exconcejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora (1999-2013).
Las principales conclusiones de esta primera sesión, de un juicio que presumiblemente debe acabar este viernes, serían que los siete acusados, sobre todo los tres que tenían poder decisiorio -alcalde, secretaria municipal y edil de Urbanismo- se agarraron cual salvavidas al planeamiento existente en 2001, con las Normas Subsidarias que calificaban el suelo de Varadero como urbanizable, para desmontar la acusación de prevariación. No obstante, tanto el fiscal Rafael Ruíz como el abogado de la acusación particular, Pedro Fernández Arcila, intentaron convencer a la jueza de que los acusados cometían una ilegalidad a sabiendas, tratando de demostar con fechas y datos, que se recogen en la instrucción que desarrolló la fiscal, ahora en Madrid, Inmaculada Violán, que desde el Ayuntamiento se orquestó una trama para favorecer al proyecto de de una urbanización de 1.000 viviendas que en mayo de 2001 presentó en el Ayuntamiento de El Rosario el constructor Amador Díaz.
Tanto María Anita Alonso como Ana Lupe Mora declararon que “actuaron a tenor de planeamiento vigente en aquel momento”, recordando que las Normas Subsidiarias de 1991 recogían que el suelo de Varadero era urbanizable y que, por lo tanto, no había impedimento para que se construyeran en él apartamentos, bungalows y hasta un hotel de cuatro plantas, aunque finalmente este uso turístico quedó desechado para sortear la Ley 06/2001 de la Moratoria Turística, uno de los muchos obstáculos, junto al PIOT -aprobado en octubre de 2002-, Carreteras y Costas, que tenía que sortear un plan parcial que, tras el silencio administrativo “forzado” desde el Ayuntamiento, según la Fiscalía y la acusación particular, logró ser aprobado en 2004, pese a las advertencias de ilegalidad del hoy alcalde Escolástico Gil, líder de IR-Verdes y denunciante por la vía penal del caso Varadero en 2007. Gil estará hoy en la sala en calidad de testigo.
[sws_grey_box box_size=”100″]La enfermedad de Macario Benítez
Médico forense. Nada más comenzar el juicio hubo una suspensión de casi una hora para que el exalcalde Macario Benítez pasara por una revisión ante el médico forense, que desestimó la petición que en julio presentó del abogado del acusado, Juan Carlos Hernández Cruz, que recogía que su cliente sufría parkison y deteriorio cognitivo, que el forense determinó como dolencias leves y, por lo tanto, no le incapacitaban para estar presente en el juicio y declarar.
Fernández Aceytuno. El juicio comenzó con una rectificación por parte de la jueza Beatriz Méndez Concepción -la misma del llamado caso Mamotreto-, que señaló que había habido un error en la citación del abogado Francisco Fernández Aceytuno -asesor externo contratado por el Ayuntamiento- porque no debía comparecer, aunque su nombre salió en varias ocasiones en la vista de ayer.
Hoy, los testigos. El juicio recibe hoy a una veintena de testigos, entre ellos a cuatro de los acusados que no tienen esa consideración para el fiscal (Abel Acosta, Andrés Hernández, Laurentino Quintana y Elba Delgado), así como Escolástico Gil y Jacinto Correa, concejales de IR-Verdes que denunciaron el caso en 2007, el contructor Amador Díaz, el arquitecto del proyecto, Alberto Luengo y Rafael Castellano, de la Cotmac.[/sws_grey_box]