VALLE DE GÜÍMAR

Lemes califica de “irresponsable” la actitud de Castro en el Polígono

La reunión se celebró ayer en Candelaria sin ninguna representación del Ayuntamiento de Güímar. / S. MÉNDEZ
La reunión se celebró ayer en Candelaria sin ninguna representación del Ayuntamiento de Güímar. / S. MÉNDEZ

El nacimiento de la entidad de conservación del Polígono Industrial Valle de Güímar está siendo un parto largo y complicado, quizás porque el bebé aun no nacido tiene demasiados padres.

Lejos de limarse las aristas tras el acuerdo surgido de la reunión del Cabildo del pasado 31 de agosto, el desencuentro entre los principales padres de la criatura, los tres ayuntamientos de la comarca, se hace cada día más patente, tanto que ayer fueron incapaces de sentarse los tres una mesa. “La actitud de Carmen Luisa Castro es una irresponsabilidad y lo de hablar con ese lenguaje bélico de suelo neutral, al igual que lo de la raya azul, es una tontería”, dijo José Juan Lemes, en un descanso de una larguísima jornada.

La convocatoria de la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, realizada según ella a mediados de agosto, contó solo con representación de su Ayuntamiento y del de Arafo, sin que acudiera, como ya había advertido antes, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, quien había exigido una “sede neutral” para acudir a la reunión con sus huestes, proponiendo para ella el propio salón de actos de la Junta de Compensación del Polígono. Una postura que no encontró explicación en la anfitriona de la reunión: “no entiendo su postura, cuando lo que se trata es de desbloquear la situación”, afirmó. Mari Brito mantuvo la sede, la fecha y el horario, y a las nueve de la mañana en el salón de juntas del Consistorio candelariero solo acudieron alcaldes y concejales de urbanismo de Candelaria y Arafo, así como los secretarios, Octavio Fernández y Ruth Arteaga, ésta última, paradójicamente, también interventora en el Ayuntamiento de Güímar.

La reunión de trabajo estaba convocada para poner en orden los estatutos de la entidad de conservación aprobado en su día por estos dos ayuntamientos y adaptarlos al acuerdo suscrito en el Cabildo, en el que se había acordado la cantidad de 25.000 euros al año por cada ayuntamiento y 75.000 que podría el Cabildo para mantener el Polígono, junto a unos 200.000 euros que desembolsarían los empresarios, al menos durante los tres primeros años. “Un coste de 80 a 100 euros mensuales por empresa”, avanzaba Lemes.

La reunión fue tan tediosa y técnica, que se alargó más allá de las cuatro y media de la tarde, redactándose un borrador que será enviado al Cabildo y al Ayuntamiento de Güímar para que se le de el visto bueno antes de que sea trasladado a los respectivos plenos municipales para su aprobación y comience a funcionar lo antes posible un ente de conservación que ponga orden en un polígono que después de dos años “sin dueño” empieza a deteriorarse, después de una inversión de ocho millones de euros para su rehabilitación antes de que en julio de 2013 fuera entregado a los tres ayuntamientos del Valle.

Al final de la larguísima reunión, Lemes insistía en que el supuesto “interés” de la alcaldesa güimarera para con el Polígono “es una pantomima” y remataba afirmando que “la irresponsabilidad de Carmen Luisa Castro está poniendo en serio riesgo la economía del Valle”.

“Son ellos los que deben modificar los estatutos”

“No ha sido ningún desplante, ellos sabían que no iba a acudir a esa reunión si no se hacía en el Polígono”, manifestó Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, ausente ayer en la reunión convocada hace un mes por su homóloga de Candelaria, Mari Brito, aunque “no por escrito”, matizó la regidora güimarera.

“Además, los que tienen que modificar los estatutos que aprobaron son Candelaria y Arafo; Güímar tiene el borrador del Cabildo y cuando lo informe nuestra secretaria lo aprobaremos en el Pleno, no entiendo porque tiene que haber más reuniones, cuando todo quedó claro el día 31 en el Cabildo”, comentó Castro.

La alcaldesa recordó, además, que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, va a convocar a los tres secretarios municipales para darle cobertura jurídica al acuerdo.