SOCIEDAD

Madrid creó un proceso específico para justificar el maquillaje de datos

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) firmó un convenio específico con la ya extinta Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias para justificar la súbita admisión de más de 9.000 canarios en las estadísticas de atendidos por la llamada Ley de Dependencia, justificando tal excepción en lo que el propio documento, desvelado ahora por DIARIO DE AVISOS, denomina “proceso específico singularizado de regularización de información” de nuestra comunidad.

Este convenio da cobertura a lo que el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha denunciado como maquillaje de las listas, ya que se justifica el insólito hecho de que primero se contabilicen los atendidos en las estadísticas referidas y luego sean realmente reconocidos como dependientes, lo que posteriormente sólo ha ocurrido con una cantidad que oscila entre 400 y 500 de los ya citados más de 9.000. Poco más del 5% del total.

La justificación para agilizar de forma tan extraordinaria y poco ortodoxa semejante ilusión estadística es que se atiende así al solapamiento denunciado por el Gobierno de Canarias entre la aplicación de la ley de Dependencia estatal y el sistema sociosanitario ya existente en las Islas.

Llama la atención que este organismo del Gobierno de España atienda esta reclamación tras años y años de quejas en balde desde Canarias, y justo a tiempo para incorporar a esos más de 9.000 personas como reconocidos en 2014, lo que provocó que se cerrara el balance anual de todo el país con unos 5.000 atendidos más que en 2013 cuando, en realidad, tenían que haber figurado unos 4.000 menos.

Por su parte, este convenio ad hoc también supuso un estimable alivio para la imagen de la entonces Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo regional, ya que gracias al extraordinario aumento abandonaba por primera vez el farolillo rojo estatal de aplicación de esta ley, y además lo hacía meses antes de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.

Entrando al detalle del convenio, llama la atención lo profundo de la repentina (y tan conveniente desde la perspectiva de la propaganda gubernamental del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy) comprensión por parte del Imserso del solapamiento que la entonces consejera regional, Inés Rojas, denunciaba públicamente desde hacía ya más de un lustro sin que nadie atendiera sus cuitas en Madrid.

Así, el texto en cuestión reconoce que hasta entonces los datos canarios “no son un exacto reflejo de la realidad de la gestión llevada a cabo por la comunidad autónoma, toda vez que se han presentado una serie de circunstancias no imputables nada más que a situaciones técnicas y de interoperabilidad (sic) de los sistemas, que han impedido remitir al Sistema de Información un importante volumen de datos”.

Ni derechos ni fondos
Tras describir el solapamiento de la aplicación de la ley estatal con la atención dada por las administraciones locales (cabildos y ayuntamientos), lo que define como “una dificultad”, sostiene que las estadísticas estaban incompletas, ignorando así una premisa básica: si bien es verdad que esos más de 9.000 canarios recibían servicios tales como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, sólo unos pocos ya han sido reconocidos realmente como dependientes por el sistema estatal. Y tal reconocimiento implica más derechos para esas personas y más fondos estatales para la comunidad, con lo cual el convenio en cuestión, en realidad, falsea las estadísticas en vez de corregir sus carencias.

Semejante anomalía queda plasmada al final del documento: “De este modo y una vez conocida esta información se han iniciado las actuaciones necesarias para la paulatina integración en el Sistema de Información del SAAD, de forma que la misma se pueda, en primer lugar, contabilizarse a efectos estadísticos, y en segundo lugar, se liquiden las oportunas cantidades asociadas al nivel mínimo que, en su caso, puedan derivarse”.