la laguna

Ninguna familia con problemas económicos será desahuciada

José Gregorio Pérez, José Alberto Díaz y la concejal de Vivienda, Flora Marrero, ayer en la firma. | DA
José Gregorio Pérez, José Alberto Díaz y la concejal de Vivienda, Flora Marrero, ayer en la firma. | DA

El Ayuntamiento de La Laguna y el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias garantizan que ninguna familia con dificultades económicas para pagar su vivienda en promoción pública “será desahuciada, ni se emprenderá otro tipo de acciones hasta terminar el análisis detallado de cada situación”. Este es uno de los puntos del acuerdo alcanzado ayer entre ambas administración a raíz de darse a conocer, recientemente, las dificultades de algunas familias del municipio para afrontar el alquiler en viviendas de promociones públicas.

En base a este acuerdo, se estudiarán también las situaciones de las familias que viven bajo este régimen de alquiler en el municipio y, en especial, las de aquellas que tengan dificultades económicas para afrontar el pago mensual, para lo que se adoptarán los cambios necesarios en el contrato para adaptarlo a la situación económica de la familia. Asimismo, se articularán aquellas medidas necesarias que permitan afrontar los gastos del alquiler para dichas familias.

Para todo esto, las dos empresas públicas Muvisa y Visocan crearán una mesa de trabajo en la que se dará audiencia a los afectados y, con apoyo de los servicios sociales municipales, elaborarán un plan de trabajo con la participación de los vecinos afectados que permita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos; así como un plan de actuación para acometer las obras de mejora y rehabilitación que sean necesarias.

Cabe recordar que en estos días varias familias residentes en el complejo de Taco conocido como las 119 viviendas de San Matías, propiedad de Visocan, han exigido que se rebajen sus alquileres a la realidad económica que padecen muchos vecinos de la zona.

En este sentido, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, afirmó ayer que el objetivo de este compromiso entre ambas administraciones es que “el alquiler sea el adecuado a los recursos económicos que tiene cada familia y para eso se tendrán que adoptar las medidas jurídicas necesarias, o el cambio de régimen o el cambio de contrato, pero básicamente lo que necesitan es la inmediatez en cuanto a adecuar esos alquileres a su capacidad de renta”.

El acuerdo, fruto del trabajo iniciado hace casi dos meses, se inició a raíz de la comunicación del Instituto Canario de la Vivienda a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) mostrando su preocupación por este tipo de situación, siendo el Ayuntamiento de La Laguna la primera administración en responder.

85.000 EUROS DE DEUDA
El director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, explicó que, en el caso de las viviendas de San Matías, se han detectado 30 inquilinos con una deuda superior a los mil euros y otras menores que hacen un total de 85.000 euros. En este sentido, enfatizó que desde Visocan “nunca ha habido un afán recaudatorio o una voluntad agresiva de lograr el cobro de los alquileres, puesto que en algunas familias hablamos de hasta 21 meses sin cubrir el alquiler”.

En los inmuebles que pone a disposición el Instituto Canario de Vivienda, los inquilinos pagan de alquiler, como máximo, el 12% de sus ingresos, pero las de Visocan tiene un régimen diferente y la mensualidad oscila entre los 200 y 300 euros. “En aquel entonces se suponía que era un alquiler de protección oficial y que los precios estaban por debajo de las rentas que se estaban pagando en el mercado, pero que con la llegada de la crisis pues para algunas familias, con la pérdida de sus empleos y demás, se ha convertido en un alquiler difícil de atender”, explicó.

Por su parte, Carlos García, uno de los portavoces de la plataforma de vecinos afectados de San Matías, agradeció al Ayuntamiento, tanto al equipo de gobierno como a los grupos de la oposición, “la buena voluntad para ayudarnos”.