Análisis

Nuevas consideraciones sobre la inmigración desbocada

Ningún político bien conocido por la opinión pública se ha pronunciado en España contra la acogida de refugiados, sirios, libios, eritreos, afganos, iraquíes o de cualquiera otra nacionalidad. Es más, no hay partido, ONG, asociación o responsable de cualquier entidad con proyección social que, por boca de sus principales dirigentes, se haya postulado contra la aceptación de asilados que huyen del infierno de la guerra, de los totalitarismos políticos, de los fundamentalismos religiosos o de la persecución ideológica. Parece que todo el mundo está de acuerdo en otorgar un sí incondicional a la llegada de estas gentes en busca de un mundo mejor. Nada importan la crisis, el número de parados, las posibilidades económicas del país o las dificultades de una integración sin complicaciones de los asilados; aquí y ahora, lo que cuenta es acogerlos… y luego ya se verá.

Para algunos, la huida masiva hacia la próspera Europa de ciudadanos de países con conflictos de diversa índole se ha convertido en una peligrosa e incontenible invasión pacífica o, cuando menos, en una avalancha sin posibilidad de ser embridada. Los gobiernos de la Unión Europea están desbordados por lo que se considera la mayor catástrofe humanitaria desde el fin de la segunda guerra mundial; pero en su inmensa mayoría son partidarios, por razones humanitarias, de permitir la llegada de extranjeros saltándose todas las normas establecidas y hasta las propias leyes vigentes. Por no cumplir, ni siquiera se ejecutan los trámites administrativos aplicables al viajero en un puesto limítrofe. Y eso que cualquier Estado, con arreglo a las normas internacionales vigentes y salvo acuerdos específicos, puede rechazar en sus fronteras a los ciudadanos no residentes, incluso en el caso de que presenten la documentación en regla, en pleno ejercicio de su soberanía.

Dadas las excepcionales circunstancias de este éxodo, no existen, ya digo, controles previos, ni trámites burocráticos; sencillamente, se ha optado por la sobreprotección. Luego viene lo demás, las solicitudes de asilo y su posterior evaluación, pero ya en los países de destino. Las detenciones -retenciones, por mejor decir- de las masas de exiliados que, incluso a pie, buscan ayuda y seguridad en un país en el que residir son meras incidencias coyunturales. Porque lo primero es dejar impoluto el prestigio moral de Europa y sus valores, su ADN y seña de identidad como tierra de acogida y asilo político, a fin de evitar el racismo y la demagogia, la intolerancia y la exclusión social. No importa que a la larga el viejo continente pueda hallarse ante una potencial bomba de relojería, ya que la inmigración descontrolada toca la identidad y la capacidad de integración e incluso el modelo social. Ahora, toca anteponer los derechos humanos a cualquier otra consideración.

Recursos y posibilidades
Los ciudadanos desesperados que huyen de sus países de origen no deben ser abandonados a su suerte, aun a riesgo de que entre ellos se camuflen, como denuncian algunos grupos sospechosamente xenófobos y racistas, pretendidos yihadistas enviados adrede a modo de quinta columna que se infiltra en territorio considerado enemigo. Pero, ¿disponen España y Europa de recursos suficientes, para, mediante una política coordinada y duradera, acabar con el tráfico de seres humanos -dominado y movido, no se olvide, por mafias bien organizadas- y con las víctimas que produce, no sólo, pero sí principalmente, en el Mediterráneo? ¿Está la UE dispuesta a combatir, con las ayudas financieras y humanitarias y los asesoramientos correspondientes -llegando incluso a esa especie de Plan Marshall que con acierto propone el presidente Rajoy- para atajar en origen las causas de las migraciones y los problemas que dan brío e impulso al drama de miles y miles de personas, dada la evidente falta de voluntad política que vienen mostrando los dirigentes europeos?

Hasta ahora, cada país europeo ha hecho de su capa un sayo. España regularizó a más de un millón de inmigrantes con la política zapateril de “papeles para todos”. Y pese al enojo y las protestas de la UE, algo parecido han llevado a cabo el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Tras esas experiencias nacionales, hoy parece que lo políticamente correcto es regularizar los flujos de refugiados y de inmigrantes mediante unas pautas comunes que difícilmente podrán atender a la vez las opiniones de todos; de ahí que algunos dirigentes europeos se muestren partidarios de la firma de acuerdos de cooperación y desarrollo con los países de origen de los inmigrantes, al estilo de los que, dentro del llamado Plan África, firmó España con Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Marruecos, Nigeria y otros países africanos y que tan buenos resultados dieron. Acuerdos que sirven para el mejor control de los flujos migratorios y que incluyen pactos de readmisión a cuyo amparo son devueltos los inmigrantes a los que se niega la condición de demandantes de asilo.

Ante esta coyuntura, no resulta aceptable la fabricación de ningún tipo de paranoia frente a refugiados o inmigrantes cuando parece posible aprovechar los vínculos comunes y propiciar una pedagogía de integración y mestizaje que evite la generación de conflictos. Incluso conviene egoístamente, ya que Europa, aun con la crisis y los problemas de paro que presenta, necesita entre 600.000 y un millón de inmigrantes anuales, como mínimo, para poder mantener las necesidades de la fuerza de trabajo y el vigente sistema de pensiones. Sin inmigración, la población laboral europea en edad laboral disminuiría en unos 20 millones de habitantes antes de 2030, según datos de la UE y del American Entreprise Institute. España -dada su baja natalidad, el previsible crecimiento económico y el rechazo al ejercicio de ciertos trabajos por parte de la población nativa- necesitará alrededor de cuatro millones de inmigrantes hasta 2020, según el Instituto catalán de Estudios Autonómicos.

En este mundo de inmigrantes, la picaresca se adueña muchas veces de los procedimientos de legalización. Por ejemplo, apuntarse al padrón municipal sin vivir en España. Según el sindicato policial CEP, se tiene constancia de al menos 100.000 falsos residentes que se acogieron en su día a procesos de regularización y empadronaron a sus familias sin ni siquiera residir en España. Se trata de un paso considerado fundamental para poder acceder a los servicios gratuitos de educación y sanidad y cierto tipo de ayudas sociales. Por otra parte, se estima que más de medio millón de extranjeros siguen viviendo en España en situación irregular, principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

Europa parece decidida a revisar la Directiva de Retorno de los emigrantes y el Acuerdo de Dublín sobre solicitudes de asilo. Junto al reparto de asilados, que España ha aceptado estos días sin rechistar tras haber mantenido reservas durante algún tiempo, la UE pretende sobre todo evitar el evidente fracaso en los modelos de integración y multiculturalismo, como demuestran los incidentes que se producen periódicamente en las grandes ciudades europeas, así como las reacciones xenófobas contra los inmigrantes. Para algunas comunidades mayoritarias, como la musulmana, resulta difícil asimilar la cultura europea. Por razones religiosas, ideológicas, culturales, de atraso económico y de otra índole, el laicismo, el papel de la mujer en la sociedad occidental y la libertad de costumbres colisionan con el afán de muchos inmigrantes por mantener un estilo de vida similar al del país de origen, lo que luego se traduce en desequilibrios sociales, segregaciones, autoexclusiones y, lo que es peor, imposibilidad de integración.

Europa es la envidia de las gentes con problemas, el paraíso soñado, la tierra de las libertades y la prosperidad. Pero todo tiene su límite y sus contrapartidas. Y quienes desean vivir y trabajar en Europa deben aceptar nuestro sistema de vida, los derechos humanos, las normas mínimas de democracia, convivencia y tolerancia que nos aplicamos a nosotros mismos. La integración supone ese mínimo de lealtad y compromiso, a menos que la UE quiera hipotecar su propio futuro.

Canarias está llamada a aportar en un par de años su parte alícuota de solidaridad con los refugiados, traducida en la recepción de algo más de 600 extranjeros, sirios en su mayoría. Como siempre que se ha solicitado su ayuda, el Gobierno y el pueblo en general sabrán estar a la altura de las circunstancias y responderán favorablemente, con generosidad, entrega y esfuerzo entusiasta, aun cuando no dispongan de los instrumentos políticos ni de los recursos materiales y humanos suficientes para atender sus propias necesidades.