Tras las pasadas elecciones de mayo, CC y PSOE han dado continuidad a los denominados pactos en cascada de la anterior legislatura, pese a los graves problemas que se produjeron entonces; recuérdense las situaciones vividas en Tenerife, La Palma y El Hierro, con expedientes de expulsión incluidos. El denominado Pacto por el crecimiento y el progreso social y económico de Canarias se ha convertido en el pacto de la desconfianza y la parálisis.

Su desarrollo ha sido muy problemático, como se ha podido observar en distintos ayuntamientos y cabildos, así como en el propio Gobierno, visualizándose el cúmulo de deslealtades y discrepancias que mantienen las organizaciones políticas que lo integran en distintas instituciones del Archipiélago.

Los referidos pactos en cascada se trasladaron desigualmente a cabildos y ayuntamientos. Tras las elecciones autonómicas y locales del pasado mes de mayo, Coalición duplicó ampliamente el número de incumplimientos socialistas, con algunos casos de especial relevancia, entre otros los del Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife. En Lanzarote las relaciones son más que tensas en varias corporaciones, entre ellas su cabildo. Y en la isla de El Hierro se produjo esa moción de censura en Frontera, retirada a última hora.

Todo ello está afectando, lamentablemente, a la (in)acción del Ejecutivo canario. Han sido meses de sobresalto en los que se han paralizado, por esas mutuas desconfianzas, el nombramiento de distintos cargos en el Ejecutivo canario.

A disipar esa situación no han ayudado mucho las recientes declaraciones del presidente, en las que responsabilizó a los medios de comunicación del actual ruido de crisis gubernamental. Como si detrás del mismo, de los avisos y amenazas, no se encontraran significativas voces de su partido, dentro y fuera del Parlamento canario, entre ellas la del propio titular del Ejecutivo. Lo que se ha vivido estos meses constituye un ejercicio de absoluta irresponsabilidad en unas circunstancias políticas, económicas y sociales que exigen justamente todo lo contrario. El Gobierno de Canarias, su presidente y consejeros, así como los grupos que le apoyan en el Parlamento, en lugar de distraerse con batallitas partidarias con escenarios en este ayuntamiento o en aquel cabildo debieran tener todos los sentidos, todos los esfuerzos y todos los tiempos dedicados a afrontar los graves problemas que padece Canarias.
Una tierra que sigue presentando tasas de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), por encima del 30% y grandes bolsas de pobreza y exclusión social. Que tiene casi 90.000 personas en listas de espera diagnósticas o quirúrgicas. Que sufre un enorme retraso en la aplicación de la ley de la dependencia. Que presenta grandes déficit en materia de vivienda. Que precisa avanzar mucho para situarse en los niveles educativos medios de España y Europa.
Y la principal tarea, a la que sí se han aplicado conscientemente, es la de lavar la imagen del Gobierno del PP, olvidando el maltrato permanente al que han sometido a Canarias a lo largo de toda la legislatura; que no se solventa con la cesión del 50% restante del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), por positiva que esta sea si se concreta y se puede destinar a los servicios públicos.
Un maltrato que se ha explicitado en el castigo recibido por las Islas en las cuentas públicas estatales (con la desaparición del Plan Integral de Empleo y el de infraestructuras educativas, así como la radical disminución de las inversiones), en la legislación sobre renovables, en la imposición de las prospecciones petrolíferas…

Sin embargo, el actual Gobierno intenta dejar, de forma maniquea, como responsable único de las malas relaciones al anterior Gobierno canario, y pasa injustamente por alto el maltrato y permanente ninguneo del Ejecutivo de Rajoy; censurando de facto al anterior Ejecutivo CC-PSOE e intentando rehabilitar la imagen del PP tras el duro castigo que este partido recibió de la ciudadanía en las urnas el pasado mes de mayo.
Parece, además, que hay dos gobiernos. ¿Cómo se explica si no que a las reuniones con Soria, Montoro o Urkullu solo fueran invitados consejeros de CC, excluyendo a los socialistas? Se va allanando el camino, en definitiva, para el establecimiento de un futuro Ejecutivo CC-PP, que es el que desean fervientemente los integrantes de la cúpula de Coalición, especialmente, en Tenerife y La Palma. Es muy negativo estar inmersos en la inestabilidad y en la falta de objetivos. No vale, tampoco, estar más preocupados en lo que pueda suceder en las elecciones generales de diciembre -a la que fían un posible cambio en las alianzas si Rajoy repite al frente del Gobierno español- que en abordar los problemas del paro y la pobreza o los que afectan a los servicios públicos.

El Gobierno y el conjunto de las instituciones deben funcionar con plena estabilidad y alejarse de la pugna interpartidaria. El Ejecutivo debe zanjar las dudas sobre su provisionalidad, cuestionada en función de una moción de censura en un ayuntamiento, de un incumplimiento en un cabildo o del resultado de las elecciones generales de diciembre. El Gobierno tiene tareas que solventar de manera inmediata, entre otras las relacionadas con las cuentas públicas para 2016, claves para poner en práctica políticas que rompan con los recortes y la austeridad. Lo que exige compromisos firmes y cuantificables a favor del empleo y de la lucha contra la pobreza, impulso nítido de la inversión pública y partidas que contribuyan a revertir la actual situación de grave deterioro de los servicios públicos.

*portavoz parlamentario y
presidente de Nueva Canarias