El Pleno del Parlamento de Canarias, con la abstención del Grupo Popular y Podemos –que no han logrado sacar adelante sus enmiendas–, ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicita al Gobierno de Canarias la paralización del decreto de alquiler vacacional.
La propuesta pide, en concreto, que se realicen las gestiones necesarias para paralizar la aplicación del Decreto 113/2015 así como sus efectos sancionadores, y se insta al Ejecutivo a dejar sin aplicación “las medidas que en este sentido ya pudieran haberse tomado”.
Rosa Cabrera, del Grupo Socialista, ha dicho que el fenómeno del turismo ha ido evolucionando con “nuevas” líneas de explotación y comercialización que hacen necesario un “nuevo marco normativo”, ya que tiene un peso y alcance “mayor” del que se suponía.
Asimismo, ha dicho que el decreto no responde a los planteamientos del sector y se abre una “oportunidad única” de conocer otra oferta alojativa en las islas, pero hay que reglarla.
José Miguel Ruano, del Grupo Nacionalista, ha apuntado que la PNL no defiende únicamente los postulados de la Ascav, pero sí que se elimine el régimen sancionador para que “lo alegal no sea ilegal”, apostando porque el alquiler vacacional sea una modalidad específica y se pueda “aflorar” la economía sumergida.
Ha reclamado niveles de calidad en línea con el espíritu de la ley de renovación, y ha rechazado las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) porque Canarias tiene competencias sobre la industria turística. “No queremos mayor oferta de este modelo, sino la convivencia”, ha explicado.
En su opinión, hay que “revisar” el conjunto del decreto, pero con todas las partes implicadas, no solo Ascav, apoyando a los pequeños propietarios y mostrando sus riesgos de que grandes compañías inmobiliarias adquieran inmuebles y se dediquen a la explotación.
FUE UNA “TOMADURA DE PELO”, DICE PODEMOS
Astrid Pérez, del Grupo Popular, ha recordado que esta actividad acoge a más de un millón de usuarios y afecta a 53.000 familias en las islas, que han pasado a la ilegalidad por un “decretazo” que se aprobó a dos días de las elecciones excluyendo al 90% de las viviendas y el sistema ‘bed and breakfast’ –que no fue aprobada en la Cámara, precisó Ruano–.
Se ha mostrado “perpleja” con la PNL porque es “inexacta y ambigua”, como las intenciones de CC y PSOE, y ha avanzado que su grupo presentará otra PNL instando a la paralización de la modificación del decreto.
Concepción Delgado, de Podemos, apoya la modificación del decreto, pero ve “insuficiente” la PNL porque los cambios deben ser “urgentes” y con aspectos que determine el Parlamento. El actual decreto, dijo, es una “tomadura de pelo” para los propietarios porque pasaron de la alegalidad “en la que no querían estar” a la “ilegalidad flagrante”.
Delgado ha criticado la “mano negra” que modificó el “consenso” acordado en la pasada Legislatura, siendo “muy feo” que se aprobara el documento dos días antes de las elecciones. “Vale ya de palabrerías y buenas intenciones”, ha explicado.
Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha comentado que el alquiler vacacional es una “competencia desleal” para empresarios turísticos, si bien es una demanda creciente de los turistas, y ha pedido que se tenga en cuenta la opinión de todas las partes implicadas.
Por Nueva Canarias (NC), Pedro Campos ha dicho que el decreto tuvo carácter “electoralista”, y ha abogado porque el decreto vaya a favor de la recualificación del destino, criticando el “panfleto liberal” de la CNMC.