maldito parné

El perro del hortelano

La economía de Canarias no vive precisamente su Siglo de Oro, pero, a pesar de ello -o quizá precisamente por ello- la historia del perro del hortelano es escrita a diario, aunque con menor talento que el exhibido por el maestro Lope de Vega. Valga como ejemplo el descabellado esfuerzo de los políticos que dirigen la Autoridad Portuaria de Las Palmas, para agitar el pleito insular de una manera tramposa. El presidente del puerto vecino, el socialista Luis Ibarra, se lamenta de las bonificaciones aprobadas por Puertos del Estado para el puerto de Santa Cruz de Tenerife en las actividades de reparación naval, con el argumento de que tales incentivos suponen una competencia desleal que Las Palmas no puede tolerar. Estas bonificaciones, obviamente, gozan de pleno respaldo legal, y forman parte de la arquitectura de gestión contemplada en la legislación portuaria española, que concede a las autoridades capacidad para elaborar sus propios planes de empresa y captar con ello tráfico, actividad y empleo. En este sentido, se puede afirmar que Tenerife ha decidido competir en actividades abandonadas hace décadas, como la reparación naval, y tiene derecho a hacerlo por los mecanismos previstos en la norma, en este caso el abaratamiento de sus costes. Ante una iniciativa semejante, cualquier gestor ya presente en el mercado, como sería el caso del puerto de la Luz y de Las Palmas, tiene dos opciones: mantener tarifas y confiar en la calidad como diferencia o ajustar su oferta a las nuevas coordenadas, recurriendo también, porque puede hacerlo, a la bonificación de tasas. ¿Qué ha hecho la Autoridad Portuaria de Las Palmas? Optar por la defensa de su propio monopolio, lo cual es la peor reacción posible porque es un viaje a ninguna parte y sólo evidencia que la falta de imaginación se ha apoderado de los despachos. Lo increíble del asunto es que Las Palmas sí bonifica la reparación naval en una de las instalaciones bajo su mando, Arinaga, con lo cual tenemos que la Autoridad Portuaria de la provincia vecina practica competencia desleal consigo misma. La pretensión de Ibarra, resulta inaudita: su objetivo no es mejorar la gestión de su puerto, sino boicotear las decisiones del vecino. A todo esto, el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, se encuentra entre dos fuegos: defender su Isla o discutir con José Manuel Soria, por cuyo despacho pasan todos los asuntos que tienen que ver con Canarias. Los de enfrente han decidio trasladar el pleito insular a Madrid, solo les falta llevarlo a Bruselas y pedir ayudas diferentes. Ya les digo, la vieja historia del perro del hortelano que ni come ni deja comer.

@MariaFresno72