A poco más de un mes de que, el 15 de octubre, se agote el plazo para que las entidades públicas rindan cuentas, el nivel de cumplimiento en Canarias respecto al ejercicio de 2014 no llega ni al 7%. A fecha de hoy, se ha estancado en el 6,48%. En relación a los datos de 2013, 47 ayuntamientos, 10 consorcios, 6 de los 7 cabildos y 7 mancomunidades no trasladaron los números a la Audiencia de Cuentas en tiempo y forma. De ahí que, en la última semana de agosto, el órgano de control externo diera un toque de atención a los responsables de remitir la información requerida en aras de la transparencia económica y financiera. En ese escrito, el presidente de la Audiencia, Rafael Díaz, recuerda que este trámite es “un elemento de análisis esencial para la toma de decisiones futuras”. A su entender, “supone un paso necesario para trasladar a la sociedad la gestión desarrollada y exigir, en su defecto, las debidas responsabilidades a quienes se han encargado de la gestión de dichos fondos”.

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 30 de junio la “instrucción que regula la remisión de la información sobre acuerdos y resoluciones del pleno, de la Junta de Gobierno local y del presidente de la entidad local contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa”. El proceso se canalizará a través de la plataforma Rendición de Cuentas, en cuyo portal de Internet se ha diseñado una aplicación específica que facilitará que también sirve a los interventores locales como herramienta de gestión y seguimiento. De conformidad con lo dispuesto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 17 de julio, el envío de la documentación se hará antes del 30 de abril del año posterior al de referencia.

En el cuadro de la evolución de los niveles de rendición por comunidades autónomas, se observa que el techo lo marca Castilla y León (20,33%), mientras que el suelo lo fija Andalucía (1,97%). Sin el País Vasco ni Navarra, Canarias aparece en el duodécimo puesto: solo está por encima de tres regiones. En lo alto de la tabla Extremadura va por el 19,60%; La Rioja, el 18,75%; Aragón, el 18,28%; Asturias, el 13,68%; Cataluña, el 12,37%, y Galicia, el 1,61%. Peor que Canarias se encuentran la Comunidad Valenciana (4,42%) y Cantabria (4%).

[sws_pullquote_right]De 2013 todavía está pendiente la información del Ayuntamiento de Telde[/sws_pullquote_right]

En los años precedentes, el máximo se anotó en 2013, con un 94,50%. Eso, a pesar de que a 15 de octubre apenas se había alcanzado la mitad del objetivo. En el cómputo de 2012 es del 92,98%. En el otro lado de la balanza, de 2013 únicamente queda pendiente, entre los 88 ayuntamientos canarios, el de Telde. Todos los cabildos han enseñado las cuentas de ese periodo fiscal.

Por tramos de población, los municipios españoles de entre 50.000 y 100.000 habitantes, la rendición de cuentas todavía va por el 1,27%. Los de 1 y 500 se acercan al 16,85%.

El pasotismo no sale gratis. Si concurren las circunstancias, la Audiencia de Cuentas propondrá a la Tesorería de la Comunidad Autónoma la retención del 2% de los pagos a las entidades incumplidoras. Eso es así porque el Parlamento incorporó en la ley un artículo -el 44- que establece que, en el caso de que las administraciones no faciliten información, “podrán ser requeridas del deber legal de hacerlo”. Si dentro de quince días no atiende la reclamación, la Audiencia de Cuentas lo pondrá en conocimiento de la Tesorería de la Comunidad Autónoma para que actúe en consecuencia.

La legislación obliga a los gestores de fondos públicos a informar sobre la actividad económica, financiera y presupuestaria. Se trata de conocer “la situación y variación del patrimonio (bienes, derechos y obligaciones), los ingresos y gastos económicos, el resultado y la ejecución del presupuesto”.

El informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente a 2013 constata una mejora en la ejecución presupuestaria de la Administración autonómica, hasta el 97%. Las consejerías, organismos y demás entes públicos reportan un saldo positivo de 88,3 millones.