Reflexión a los 100 días del nuevo Gobierno canario. Tienen los programas electorales la virtud de visualizar la mala conciencia de los partidos, que en el recambio identifican los principales problemas sociales y además aciertan con las soluciones. Destaco algunos compromisos entresacados de los programas electorales de los distintos partidos en mayo. Reducir el gasto público y bajar los impuestos. Competir en igualdad de condiciones. Prohibir las actividades impropias ejercidas por la administración pública. Primar la emprendeduría y el esfuerzo. Mejorar la educación y la sanidad. Hacer efectiva la Ley de Transparencia. Promover la simplificación administrativa. Libertad y seguridad jurídica para la empresa. Pacto por el empleo joven. Reducir la diáspora para los jóvenes titulados canarios. Decálogo que suscribimos y con el cual valoramos los 100 días. La realidad poselectoral sin embargo es bien distinta.
Primera complicación. El juego de los partidos. La política como aritmética de los votos ofrecía pocas opciones. Otra vez CC y el PSOE en el Gobierno canario. Con Parlamento y Gobierno con casi todos, caras nuevas y más jóvenes. Coalición renovada además en el ala liberal. Clavijo ha sido el único alcalde canario que aplicó en enero de 2010 la Directiva Bolkenstein, de liberalización de servicios. El grueso de los alcaldes aún siguen sin enterarse y buena parte de ellos a la contra. Clavijo es la parte liberal del partido, en contra de la opción cubana de Paulino. La opción canaria del “modelo gallego” de los del birrete y la boina, los “urbanos y los rurales”. Patricia es el resultado a suma cero del conflicto interno del PSOE, entre los alcaldes con mando, los alcaldes cristianos del PSOE y el aparateik del partido, que lo que pide es puesto en la administración. Por ello ha sido preciso aumentarla. El empeño de los pactos en cascada, es el resultado de un ejercicio antidemocrático por parte de las cúpulas de los partidos. El último episodio de El Hierro, es un caso menor y desde luego sin el interés que alguno quiere darle. Caso que el tiempo resuelve. Máximo cuando como en los municipios es impensable que tanto el resultado electoral, como la compatibilidad personal, sean los mismos.

Segunda complicación. Pactar con Madrid. Canarias nunca puede llevarse mal con Madrid, cualquiera que sea el Gobierno. Acertada postura del presidente. Con el 30% de paro y la balanza fiscal Canaria deficitaria en más de 3.000 millones de euros al año, no es sensato dejar de alinearse con el eje Madrid-Bruselas. Teniendo abierta la Ley del Régimen Económico y Fiscal, con la parte económica sin resolver y la otra resuelta con timidez, hay que dar soluciones. En conflicto siempre es peor. La posibilidad de consolidar Canarias en el REF económico, como RUP, Región Ultraperiférica, abre la vía para dar solidez a un elemento que permite diferenciar y tratar de manera singular a Canarias. El REF es el resultado histórico de la relación económica de Canarias con Península, diferencia de lejanía y territorio, que se entienden con un encaje económico adecuado, cuyo diferencial se ha venido perdiendo con el tiempo. Operar como algunos señalan con las cuotas empresariales de la seguridad social o con reducciones del IRPF, permitiría recuperar el diferencial fiscal de manera general. Vienen tiempos de tormenta política, minoremos sus efectos.

Tercera complicación. Cuadrar las cuentas. No es posible cuadrar las cuentas. Por contra de lo comprometido electoralmente, la realidad demuestra que siguen subiendo los impuestos. Ya en julio 2012, se subió el IGIC el 40%. En los tres años transcurridos, el Gobierno ha detraído de la sociedad civil canaria en torno a 1.000 millones de euros. Dijeron que era una medida provisional a retornar cuando aminore la crisis. Y claro lo hicieron porque Madrid redujo su aportación. Luego de implantado, muchas administraciones cambiaron el signo de sus reajustes internos. El IGIC se destina en el 42% al Gobierno regional y el 58% restante se reparte en un 60% a Cabildos y el 40% a ayuntamientos. No veremos su marcha atrás. Quisieron también poner el impuesto de 1 euro por “pernoctación turística”, para recaudar 120 millones de euros. El lobby turístico con acierto consiguió ganar la batalla, de triste consecuencia allí donde se ha implantado, caso de Baleares. Desviaron entonces la mirada recaudatoria a las viviendas vacacionales, cuyo nuevo IGIC podría recaudar 70 millones de euros al año. Han hecho un decreto equivocado, que modificarán para recaudar lo previsto. En los escalones insular y municipal, las presiones fiscales aumentan sin descanso. Comparando por ello la distancia entre lo comprometido y su resultado, parece que nuestro Gobierno está más preocupado en buscar 100 millones de euros, unidad básica de medida, para seguir alimentando la maquinaria pública, que en asumir los problemas reales de la sociedad civil canaria, priorizando sus acciones. Como decía al inicio, los compromisos que señalamos figuraban en los programas electorales de los partidos en mayo. Comparen con la realidad.

*Arquitecto y UrbanistA